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Hay más de 24 mil alzados en armas que imponen su ley en buena parte del país, en una nación donde hay más territorio que Estado.
Por Alberto Velásquez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co
Preocupantes las alertas sobre atentados criminales que se activarían en las principales ciudades colombianas en esta época electoral, denunciados por diversas colectividades políticas. De consumarse esas acciones delicuenciales se comprobaría, una vez más, que en Colombia la violencia no ha sido la excepción sino la regla.
Comprobemos la vigencia de la frase, recorriendo la historia. Si en el siglo XIX las guerras civiles fueron constantes, la violencia partidista arreció en los años 40 y 50, con el asesinato de Gaitán. La chusma liberal arrasó con el centro de Bogotá, incendió la casa de Laureano Gómez y su periódico, El Siglo. En el Congreso de la República se echaron bala godos y rojos. Luego, en el gobierno de Urdaneta Arbeláez, les metieron candela a los periódicos El Tiempo y El Espectador y quemaron las residencias de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras. La ley del Talión se aplicaba rigurosamente. Irrumpieron las guerrillas en los Llanos Orientales. Se revivía la guerra de guerrillas iniciada una vez finalizada la Guerra de los Mil Días –1902– para combatir al presidente Marroquín.
Entrados los años 60, segundo gobierno del Frente Nacional presidido por Guillermo León Valencia, se crearon las Farc. Un poco antes se fundó el ELN de inspiración castrista. Para financiarse, recurrieron primero al secuestro y a la extorsión, y más tarde al narcotráfico. En 1962, con la aparición del libro “La Violencia en Colombia”, comenzó la copiosa literatura sobre la violencia.
A la guerrilla la complementaron en su accionar demencial paramilitares y narcotraficantes. Fueron los años 80 y 90 del siglo XX, los más duros. El capo más famoso, Pablo Escobar, le declaró la guerra al Estado. Fue una de las épocas más oscuras que ha vivido el país en 200 años de independencia. Asesinaron a Luis Carlos Galán, y a candidatos presidencial de las izquierdas. Cayeron el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, jueces, periodistas, políticos, policías, ciudadanos del común. El M-19 quemó el Palacio de Justicia y masacró a los magistrados dentro de él. Abundaron los asesinatos, secuestros, carros bombas, hechos que se volvieron parte de la vida cotidiana de los terribles años de finales del siglo XX. Y para enlutar más el panorama, entraron en escena las Autodefensas Unidas de Colombia, sembrando terror, miedo y desolación en los campos colombianos.
Hoy, frente al ayer, el panorama ha cambiado de actores, de algunos métodos violentos de la criminalidad, pero ha aumentado el número de combatientes ilegales, de armamentos y estrategias. Hay más de 24 mil alzados en armas que imponen su ley en buena parte del país, en una nación donde hay más territorio que Estado. El secuestro, la extorsión, los atentados y los drones, crecen en forma exponencial. Todo ahora dentro del marco de un Gobierno que tiene resquebrajada su legitimidad y que, con sus complicidades, está llevando al país al precipicio, aprovechando la carencia de liderazgos que cautiven y tengan audiencia y poder para convocar a una cruzada de recuperación nacional.
En síntesis, la vida y la dignidad humana siguen siendo en Colombia las grandes víctimas del conflicto.