Pico y Placa Medellín
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Cada cierto tiempo Medellín entra en debate sobre el alto costo de la vivienda y la responsabilidad que en ello tiene el turismo. Unos señalan al turista como culpable de nuestros males y usan el término ‘gentrificación’ como elegante muletilla; otros cierran los ojos a sus efectos negativos, insisten en que este no impacta el valor de la vivienda y afirman que la regulación de la vivienda de renta corta “va a matar” el turismo y que el estado no debe meterse. Ambas posiciones extremas me parecen erradas.
La vivienda turística, en su modalidad de renta corta (menos de 30 días), no es la principal responsable del encarecimiento del costo de vida en la ciudad, pero no significa que su impacto sea nulo. Ciudades con auges turísticos históricos, como París, Barcelona, Nueva York o Lisboa, han regulado la renta corta con el fin de proteger a residentes locales y redistribuir en el territorio la oferta de alojamiento a turistas, buscando estabilidad en precios y protección de la vida residencial. ¿Qué se regula? Principalmente la cantidad de viviendas que se pueden ofertar por sector y el número de días que una vivienda puede ser rentada por año bajo esta modalidad; llevan años haciéndolo y ninguna de ellas “ha matado” el turismo. Medellín también debe hacerlo, no hay que esperar a que la situación empeore.
Los impactos negativos de la vivienda turística en la ciudad no se limitan al aumento de precios: la explotación sexual y problemas de convivencia (por ruido y riñas) en barrios residenciales son notorios y están documentados. Los medellinenses no detestamos al turista sino al abusador, se requiere regulación y control. Me parece positiva la voluntad de regular esta actividad. En el Congreso se intentó en vano: la iniciativa que presentamos, construida el sector turístico antioqueño, fue sistemáticamente boicoteada por un lobby de renta corta con capacidad de amedrentar congresistas, pagar publirreportajes en medios masivos y difundir información falsa entre sus clientes. La alcaldía de Medellín lleva casi tres años pensando qué hacer: dejó en el cajón un proyecto de acuerdo distrital que había redactado con base en nuestro proyecto de ley y parece optar por enfocarse en disposiciones en el nuevo POT, aplazando así las respuestas necesarias a una situación que los ciudadanos consideran urgente.
El nuevo POT puede dar respuestas pero, dado que es una herramienta de planeación de mediano y largo plazo, es insuficiente para una situación inmediata y de naturaleza flexible. La alcaldía debe revivir el proyecto de acuerdo mencionado, la bancada antioqueña en el congreso debe liderar una legislación, la academia debe mantener viva la conversación. Deberíamos enfocar el debate en la verdadera causa del aumento del costo de vivienda en Medellín: estamos rezagados en construcción hace más de una década. Carecemos de plan ambicioso y de institucionalidad dedicada a sumar voluntad y conocimiento del sector privado y academia. El estado debe ser líder en construcción de vivienda; en próxima columna profundizaré sobre este tema prioritario para la ciudad.
