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Ningún cambio. El Presupuesto General de la Nación para 2026 busca favorecer las actividades de campaña del presidente Petro y el progresismo en las próximas elecciones.
El Congreso aprobó anoche el presupuesto por 547 billones de pesos, tras una reducción de 10 billones. Pero el recorte es solo maquillaje contable: el déficit sigue creciendo y el país gasta más de lo que tiene.
Lo más preocupante es la contradicción entre el discurso del “cambio” y la realidad del gasto. Las inversiones sociales se reducen drásticamente, mientras se fortalecen entidades usadas políticamente.
Educación, por ejemplo, pierde 1,2 billones en inversión, pasando de 8 a 6,8 billones. En el segundo debate además le restaron 1,5 billones en funcionamiento, afectando programas como el ICETEX, que ya no puede atender a sus 234 mil usuarios.
Vivienda también retrocede: pierde 1,7 billones de pesos, lo que sepulta programas como Mi Casa Ya o la culminación de acueductos en regiones críticas, como La Guajira. En el campo, se recorta un billón menos para productores e investigación.
En defensa, el panorama es alarmante. Con la inseguridad disparada y grupos armados fortalecidos, el Gobierno recorta 353 mil millones del presupuesto de las Fuerzas Militares, afectando su operación. A la Defensoría del Pueblo le han quitado 150 mil millones, justo cuando el 70 % de los municipios tiene presencia de grupos ilegales.
Mientras tanto, la Presidencia de la República recibe 300 mil millones adicionales para “fortalecer el Fondo Paz”, que se ha convertido en la chequera política del presidente. Con esos recursos se financian tarimas, transporte y logística de eventos disfrazados de institucionales, usados para atacar al Congreso, las cortes y la prensa.
En medio del ajuste fiscal, es inaceptable que se instrumentalice el Estado para hacer política, mientras la pobreza y la inseguridad aumentan. Los recursos públicos no deben terminar pagando las “narcotarimas” del presidente.
De esos 300 mil millones, Antioquia pierde 200 mil millones en el presupuesto regionalizado, bajando su asignación de 7 a 6,8 billones. No es coincidencia: Petro castiga a los territorios que no se le someten.
El gasto en burocracia también se disparó: 182 billones en tres años. Ministerios como MinIgualdad simbolizan el derroche. Y el Ministerio de Comercio recibe 100 mil millones más para “turismo”, aunque su inversión cae 30 %, convirtiéndose en otro fortín político del Gobierno.
Colombia no puede permitir que el presupuesto se vuelva la caja menor de Petro. El Estado no está para hacer campaña, sino para servir a la gente.
El país no necesita más discursos sobre el “cambio”, sino responsabilidad fiscal. Si seguimos gastando sin control, endeudándonos y desviando recursos para fines políticos, los intereses del poder se tragarán el futuro de la nación.
Colombia no requiere una nueva reforma tributaria, sino un gobierno serio y responsable que piense más en las generaciones que en las elecciones.
*Representante a la Cámara por Bogotá
