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La crisis del sistema de salud colombiano ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en un fenómeno de riesgo poblacional con impacto directo en la mortalidad evitable. Su agudización desde 2022 no es coyuntural, sino resultado de decisiones erradas de política pública que han erosionado la gobernanza, los mecanismos de aseguramiento y la cadena de prestación. Negar la magnitud del deterioro es sencillamente insostenible.
El Instituto Nacional de Salud documentó 364.113 muertes evitables entre 2010 y 2019, una década en la que el sistema operaba con mayor estabilidad financiera, reglas claras de aseguramiento y una arquitectura institucional no sometida a transformaciones abruptas. Ese antecedente demuestra que Colombia ya enfrentaba un problema crítico en la atención. Pero lo ocurrido desde la llegada del actual Gobierno es cualitativamente distinto, con una erosión simultánea de liquidez, capacidad operativa y coordinación regulatoria que ha amplificado los riesgos preexistentes.
La deuda con las EPS que supera los 32 billones de pesos, no es un dato contable sino un indicador de colapso funcional. La cadena de pagos está severamente afectada; los prestadores suspenden servicios al operar con déficit estructurales; y los pacientes enfrentan interrupciones sistemáticas en tratamientos oncológicos, renales y de alto costo. El desplazamiento masivo hacia seguros privados es la prueba de que el sistema público perdió capacidad de respuesta.
Las poblaciones más vulnerables ya están pagando los costos. En 2025, organizaciones de pacientes reportaron al menos 1.500 muertes asociadas a fallas en tratamientos para enfermedades raras. Ese dato, aunque fragmentario, es empíricamente revelador. Cuando un subsistema especializado colapsa tan rápidamente los daños suelen ser exponencialmente mayores en patologías de alta letalidad.
La ausencia de un sistema de vigilancia actualizado sobre mortalidad evitable constituye, además, una falla grave de gobernanza. En cualquier estándar internacional, la medición de muertes atribuibles a fallos en acceso, diagnóstico oportuno o continuidad terapéutica es un insumo básico para la toma de decisiones. En Colombia, no solo no se actualiza desde 2019, sino que no existe un esfuerzo serio por reconstruir la línea base del impacto real de la crisis. La falta de datos no es un vacío técnico, es una omisión intencional que distorsiona la percepción pública y debilita la rendición de cuentas.
Una estimación técnica es inevitable. Si el país registraba hasta 2019 cerca de 36.000 muertes evitables al año en condiciones de relativa estabilidad, y si la crisis actual implica un deterioro observable, un incremento moderado, equivalente al déficit financiero actual, del 10 al 20 por ciento en la mortalidad evitable es razonable. Bajo ese supuesto, entre 2022 y 2025 Colombia habría acumulado entre 200.000 y 250.000 muertes evitables, tres veces más que las de la guerra en Gaza.
El Gobierno insiste en que la reforma busca corregir errores históricos, pero ninguna trasformación por loables que sean sus objetivos justifica poner en riesgo vidas humanas. La salud no resiste experimentos; la evidencia indica que el país está ante una crisis de gobernanza que ya está costando vidas cuya magnitud exige urgentemente responsabilidad, rectificación y datos transparentes.
