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Hace 2 meses, escribía en este mismo diario, sobre la sentencia emitida por la Juez Sandra Heredia que condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Apartándome de motivaciones políticas, dejé plasmada mi postura jurídica del fallo, considerando que, según Sentencia SU-159 de 2002, por la finalidad de protección de la regla de exclusión, las interceptaciones debían ser excluidas. Art. 29 “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
Respecto a este punto la Sala mayoritaria del Tribunal Superior de Bogotá, dejó clara su postura y consideró que las interceptaciones que por error se habían realizado al expresidente eran ilegales y debían excluirse por haber sido obtenidas con violación a derechos fundamentales. Estas entonces no fueron tenidas en cuenta al momento de fallar.
Dos de los tres magistrados que conformaron la Sala, consideraron que la Juez Sandra Heredia realizó un análisis sesgado, parcializado y poco objetivo de la prueba; para absolver y declarar inocente al procesado, desestimaron los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez y realizando un análisis conjunto de la prueba decidieron revocar la condena y absolver por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al expresidente Uribe.
Ahora bien, en un proceso penal, esto es normal que pase, las instancias judiciales se crearon, precisamente para eso, para buscar con sustento jurídico que el superior cambie la decisión. En este caso, la juez de primera instancia es su sentencia de condena, valoró las mismas interceptaciones que excluyó el tribunal para absolver.
Que las decisiones hayan sido contrarias, no es razón para decir que el fallo de la Juez Heredia haya tenido una motivación política, como sugirieron algunos opinadores; cabe recordar, que en este fallo una de las magistradas (Dra. María Leonor Oviedo), se apartó de la absolución y consideró que se debía confirmar la condena, lo que permite reforzar que es válido que, respecto a un mismo caso, existan motivaciones jurídicas diversas.
Hoy se vale destacar que en Colombia existe la separación de poderes, que se puede confiar en las instituciones, y ante las opiniones políticas que puedan permear un proceso, existe un sistema judicial que funciona y que cuenta con instancias procesales a las que podemos acudir con todas las garantías procesales cuando no estemos de acuerdo con una decisión judicial.
En este caso, no hay una tercera instancia, solo queda el recurso extraordinario de Casación que solo procede por causales especificas, difíciles de sustentar. Seguramente, el recurso será interpuesto por el senador Iván Cepeda y sus abogados para controvertir el fallo de segunda instancia. De ser admitido, la Corte Suprema tendrá 5 años para resolver.
Según información judicial, el expresidente, tiene hoy 28 procesos abiertos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones del Congreso, investigaciones que en su mayoría han quedado en etapa preliminar sin resultados
Hoy Álvaro Uribe podrá continuar participando en política, sin una condena y en libertad. El llamado hoy, es respetar las decisiones judiciales, la tarea de los jueces no es nada fácil en un país tan violento y polarizado. ¡La justicia se respeta!
