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Petro infiltró las instituciones gubernamentales que tienen alguna relación con la seguridad ciudadana. Nombró camaradas del M19 en la UNP, en la UIAF, en Migración Colombia y, por supuesto, en la DNI. En esas instituciones, expulsaron al grueso del personal técnico que en ellas había y nombraron personas que no tenían conocimiento o experiencia pero que les aseguraban lealtad ideológica y complicidad.
Una de las entidades más duramente golpeadas ha sido la Unidad Nacional de Protección. En este gobierno ha estado envuelta en múltiples escándalos, desde el uso de carros y escoltas para proteger bandidos, por ejemplo en el caso de Calarcá, hasta la inaceptable y sospechosa omisión de negarle sistemáticamente a Miguel Uribe la mejora de su esquema.
Con todo, la UNP, a pesar de su director, mantiene todavía una base de funcionarios y escoltas especializados que no ha sido infectado aún por el virus ideológico de la extrema izquierda y cumple sus funciones de manera recta, seria y profesional. Con el doble ánimo de amarrar a sus camaradas dentro de la institución y de aumentar su cauda para las elecciones, el gobierno expidió un par de decretos, el 19 y el 20 de 2026, que han pasado debajo del radar de la opinión pública. Pero son gravísimos. Pretenden desplazar al personal profesional e insertar de manera permanente los camaradas, improvisados, inexpertos, sin experiencia y de ninguna manera confiables que han ido introduciendo dentro de la institución, de manera que el próximo gobierno encuentre un hecho cumplido y no pueda ni recuperar el personal profesional perdido ni reemplazar a los camaradas recién nombrados. Es una operación parecida a la que han venido realizado en otras instituciones gubernamentales: rebajar la calidad y experiencia exigida para los cargos para poder nombrar fulanos que no tienen mérito alguno pero les son política e ideológicamente leales.
Ocurre, sin embargo, que cuando el Estado conoce un riesgo cierto, específico y previsible surge para el ciudadano afectado un deber reforzado de protección estatal cuya omisión genera responsabilidad. La UNP es el principal instrumento para materializar ese deber. La protección personal es una función especializada, técnica y excepcional que se activa cuando existe riesgo individualizado y extraordinario. En consecuencia, la protección personal no admite estándares mínimos; exige idoneidad reforzada porque si falla tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida. Eliminar o disminuir los estándares mínimos exigidos al personal de protección, como quiere el gobierno, es inconstitucional e ilegal y, de hecho, no solo atenta contra el cumplimiento de la función de protección sino que, peor, pone en peligro a los ciudadanos amenazados.
Los decretos 19 y 20 reducen requisitos, reducen la idoneidad técnica, precarizan condiciones laborales, excluyen al personal experto, permiten la vinculación sin concurso, amplían el margen de la discrecionalidad administrativa de los nombramientos. Y en un contexto electoral, politizan a la UNP, debilitan el servicio de protección, incrementan el riesgo para personas protegidas y afectan a la oposición, a las instituciones (Congreso, jueces, etc.) y a los líderes sociales que deben ser protegidos.
Lo que quiere hacer Petro en la UNP es aún peor y más grave que lo que ya viene haciendo en otras entidades gubernamentales. Hay que demandar en los tribunales los decretos y expedir una ley que, por un lado, proteja la institución y al personal calificado de la UNP de las arremetidas y la manipulación de la izquierda extrema y, por el otro, reconozca su calidad de alto riesgo y asegure los ingresos, el bienestar y la estabilidad que merece ese personal.
