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Un Black Hawk de la Policía es derribado en Amalfi. Tumban uno de los aparatos más sofisticados y costosos de las Fuerzas Armadas con un equipo simple y baratísimo. Trece policías asesinados.
El gobierno estaba advertido sobre la situación de violencia en la zona. El 04 de junio, la Gobernación de Antioquia elevó al Ministerio de Defensa “una solicitud urgente y prioritaria frente al deterioro progresivo y alarmante del orden público en Amalfi [y pidió un] despliegue inmediato y reforzado de tropas que permitan establecer control territorial y apoyar de manera contundente a la Policía”. La misiva solicitaba no hacer solo patrullajes esporádicos sino establecer un plan sostenido para enfrentar a los grupos criminales.
A los sobrevivientes al ataque no les brindaron apoyo. Siete de los uniformados murieron abandonados y esperando la asistencia, que no llegó sino muchas horas después, en la mañana del día siguiente. “Se fueron muriendo poco a poco”, dijo el secretario de Seguridad de la Gobernación. Hubieran podido salvarse y no les dieron la mano. ¿Miedo?¿Cobardía? ¿Incapacidad? Inexplicable.
Además, parte sustantiva de la responsabilidad es de Petro y de la política de “paz total”: según la Gobernación, durante este gobierno el clan del Golfo y las Farc han crecido un 60% y un 70% respectivamente. Peor, los jefes de los asesinos, Calarcá y Chejo, comandante del Bloque Jorge Briceño y de l Frente 36 de las disidencias de las Farc, están libres y tienen suspendidas las órdenes de captura porque el gobiernos los designó “negociadores de paz”. Ambos habían sido capturados por el Ejército el 23 de julio del año pasado, cuando se movilizaban con armas y municiones en camionetas de la UNP, pero fueron dejados en libertad por orden de Petro y de la Fiscal General. Como si no bastara, el Gobierno se sentó otra vez a conversar con Calarcá al otro día del asesinato de los policías. Para rematar, Petro ni siquiera fue capaz de ir al entierro de los asesinados.
No es la primera vez que lo digo, ciertamente, pero es inevitable repetirlo, en otro país y con otro gobierno el escándalo sería mayúsculo y hubiera cobrado la cabeza de los responsables. En una democracia y en un estado de derecho, no es aceptable que, tras se capturados, se libere a asesinos que, como Calarcá y Chejo, tienen cada uno más de tres décadas de historia criminal; no lo es tampoco que se les de el carácter de “negociadores de paz” y por eso no se les pueda perseguir; y no lo es que después de asesinar trece uniformados el gobierno siga hablando con esos homicidas. Esos trece muertos, su sangre y el llanto de sus padres, sus parejas y sus hijos, son culpa y responsabilidad de Petro, su gobierno y la Fiscal.
Tres policías asesinados por unos homicidas liberados por el gobierno y acá no pasó nada y nada va a pasar. La sociedad está adormecida y se ha asumido que está bien, que es correcto, dejar en impunidad a los asesinos si tal cosa se hace so pretexto de la paz. Y que tampoco es reprochable que esos asesinos sigan matando. El daño cultural es inconmensurable.
No puede seguir siendo así. El próximo gobierno, el de la reconstrucción, debe parar con esta especie de tradición maldita que no solo no ha traído paz alguna sino que constituye un incentivo perverso para seguir delinquiendo y para seguir asesinando. La paz solo es resultado de la justicia y del imperio de la ley, del castigo para el bandido y el premio para el ciudadano de bien.
