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Colombia está siendo testigo de un preocupante fenómeno que destruye la esencia misma de la democracia: el uso de las bodegas en las redes sociales que se venden al mejor postor, manipulan y degradan el debate público.
Esta práctica consiste en el uso sistemático de cuentas falsas, trolls e “influencers” pagos para imponer narrativas, destruir reputaciones o aparentar un respaldo ciudadano que no existe, y representa una amenaza directa contra un sistema político que exige respeto por la verdad, por el debate con argumentos sustentados y por las leyes.
No se trata de un fenómeno nuevo, pero se han encendido las alarmas debido a la guerra de los últimos días en las entrañas del petrismo que ha sacado todos los trapos al sol de los llamados “influencers” pagos.
Gustavo Bolívar, candidato presidencial del petrismo, puso el grito en el cielo porque el ejército digital que una vez él utilizó le está disparando ahora en su contra: “Ante la cantidad de ataques que estoy recibiendo de influencers que antes hablaban bien de mí, y que hablaban mal de candidatos que ahora alaban, creo que hay que decirle la verdad a la gente. El engaño no le hace bien a la democracia”.
No deja de ser paradójico que este Bolívar sea el mismo que en un video que se filtró a los medios hace ocho meses se vanagloriaba de que el “Gobierno está empezando a comunicar mejor” y la explicación era que ese ejército digital estaba operando mejor: “Todos los influencers han tenido mucha más credibilidad. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana, pues han dado resultado, y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están voleándole al Presidente”.
¿Acaso estos “mercenarios” digitales le están haciendo ahora propaganda a Daniel Quintero? ¿Se voltearon porque les paga más dinero?
El exviceministro Garet Sella salió a defender a Bolívar y dio pistas de cómo operan esas bodegas dentro del gobierno Petro a los que llamó “mercenarios”. “Sabemos quién es la persona que le dice a unos y otros “influencers” de qué hablar y de qué no y se aprovecha amenazando con darles o quitarles “campañas”. ¿A quién se refiere? ¿Acaso los maneja RTVC o algún asesor poco visible de la Casa de Nariño?
También se quejó el ministro de Educación, Daniel Rojas: “Una señora en SAE los contrata para atacarme. Un apellido Rua está de por medio y un directivo de la fiduprevisora “experto” en redes y comunicaciones”.
El Estado, bajo Gustavo Petro, parece estar lleno de mercenarios digitales, bodegas que están siendo pagadas con recursos del Estado. Es decir, con los impuestos de todos los colombianos.
Agmeth Escaf, también petrista, había denunciado tiempo atrás: “Los “influencers” viven de la indignación fácil. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar”.
La compra de influencia en redes sociales desnaturaliza por completo el principio de igualdad en la competencia política. Lo que debería ser un terreno de debate abierto y plural, se ha convertido en un campo de batalla donde se impone quien más recursos destina a pagar por voces afines, no quien mejor representa el interés común.
Y el debate político se degrada hasta convertirse en eslóganes vacíos, memes burlescos y engañosos y una retórica plagada de mentiras, vulgaridades e insultos miserables. En un país donde gran parte del electorado se informa a través de redes sociales, la tergiversación de apoyos y el silenciamiento de voces críticas generan una ilusión de consenso que puede inducir a error al votante y socavar la deliberación democrática.
Como si fuera poco muchos parecen operar con recursos públicos, canalizados a través de contratos de prestación de servicios o programas estatales disfrazados de “comunicación comunitaria”. Que un gobierno recurra a tácticas de manipulación masiva, a la estigmatización de disidentes o a campañas coordinadas para desacreditar periodistas, congresistas o líderes sociales, es una afrenta al ideal democrático que dice representar.
Figuras como Egan Bernal y Rigoberto Urán, congresistas como Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Julia Miranda y en general medios de comunicación profesionales y periodistas de trayectoria han sido blanco de matoneo digital orquestado desde el Gobierno. Se está instaurando, en el espacio público, una lógica de inquisición virtual.
La democracia no puede sostenerse sobre la mentira sistemática ni sobre ejércitos de cuentas anónimas. La deliberación pública exige argumentos, personas de carne y hueso y honestidad en el debate. Necesitamos más ciudadanos informados y menos cuentas falsas. Más debate y menos sicariato moral. Más respeto por la inteligencia colectiva y menos manipulación.
Son tareas urgentes si queremos que el respaldo político se construya con ideas, no con algoritmos.