Hace una década, Nátaly Vélez era una de las políticas con más proyección electoral en Medellín. Era concejal del Centro Democrático y en el 2019 fue la primera candidata a esa corporación que alcanzó los 20.000 votos.
Pero esa carrera promisoria tuvo un duro revés en 2021 en un debate que es casi siempre rutinario: la elección de la junta directiva del Concejo. La instrucción de las directivas del Centro Democrático, que era partido de oposición a Daniel Quintero, era apoyar como presidente de la corporación a Simón Molina (ahora también candidato a la Cámara), pero Vélez y los concejales uribistas Albert Corredor y Lina García decidieron votar por la concejala Paulina Aguinaga, también del CD, que era más cercana al alcalde.
Producto de esa división, quedó elegido el conservador Lucas Cañas, quien defendió y promovió sin titubeos las iniciativas de Quintero.
¿Por qué quiere llegar al Congreso?
“Porque hemos venido construyendo un trabajo social desde la base: en la Junta de Acción Comunal del barrio Boston, luego en la Junta Administradora Local (fui edil en la comuna 10, La Candelaria) y posteriormente fui concejal de Medellín durante 8 años. Si bien para llegar a la Cámara no es requisito haber pasado por esos espacios, hacerlo nos ha dado una gran sensibilidad social y un reconocimiento importante del territorio. Queremos llegar a la Cámara por lo que representamos en defensa de la niñez. Queremos llevar esas grandes causas que hemos liderado en materia de primera infancia, educación, matrícula cero, mujeres (con el apoyo a las madres cabeza de familia y su empoderamiento económico), el capital semilla y la población con discapacidad”.
Ya que menciona el tema del Concejo, le tengo que preguntar por su salida de allí. A usted la sacaron del Centro Democrático en el 2021, acusada de ir en contra de su partido y aliarse con Daniel Quintero. ¿Qué puede decir sobre eso tras casi cinco años?
“Primero, por el expresidente (Álvaro) Uribe tengo respeto; hemos conversado en varias oportunidades. Segundo, a mí no me sacaron del Centro Democrático. Fui la primera mujer en el país declarada por el organismo electoral como víctima de violencia política de género. Es un relato que se ha repetido y no es cierto; fui yo quien llevé las pruebas. En ningún momento me aparté de ninguna decisión del Centro Democrático, ni mucho menos nos aliamos con Daniel Quintero. Fue una decisión de mesa directiva donde defendimos la participación de la mujer y voté por María Paulina Aguinaga como presidente del Concejo. Ese fue el punto que suscitó la disputa. Hoy estoy en un proceso dentro de Cambio Radical, aceptando la invitación de Germán Vargas Lleras de renovar el partido y construir una propuesta joven en Antioquia”.
Lo que se dijo en su momento fue que, si María Paulina quedaba como presidenta del Concejo, ustedes iban a terminar apoyando la venta de las acciones de EPM en UNE, algo que buscó el exalcalde Daniel Quintero y finalmente no logró.
“Nada tenía que ver la elección de directiva con el proyecto de acuerdo de las acciones de UNE-EPM. Ese proyecto fue discutido y aprobado por el Concejo actual posteriormente. La elección de mesa directiva era una elección puntual, como todas las que se dan en las corporaciones públicas, pero nada tenía que ver con ese proyecto ni con ningún otro referente al Concejo en ese momento”.
Para que quede claro, ¿qué piensa usted de Daniel Quintero?
“Pienso que es un hombre que le hizo mucho daño al municipio de Medellín. Llegó a dividir a los antioqueños y a acabar con el establecimiento y entidades importantes. Su política es contraria a la nuestra. Nosotros siempre hemos defendido los valores, las instituciones y las empresas que le han aportado a Antioquia. En Cambio Radical fuimos los primeros en apoyar a Abelardo de la Espriella. Estamos convencidos de que debemos juntarnos quienes creemos en la defensa del país, la patria, las causas sociales como la niñez, las instituciones y la democracia”.
Pasando esa página, ¿cuáles son sus propuestas para llegar al Congreso y mejorar la vida de los antioqueños?
“La causa que defendemos seguirá siendo la niñez. Coincidimos con el Dr. Abelardo de la Espriella en endurecer las penas para violadores y asesinos de niños. Nos hemos atrevido a poner sobre la mesa la discusión de si es posible avanzar en la reglamentación de la pena de muerte para estos casos. Entendemos que hoy no está permitido por la Constitución, pero esta puede cambiarse por un acto legislativo, reformando el artículo 11. Proponemos una tríada: prevención (entornos protectores), atención (restablecimiento efectivo de derechos) y judicialización. Fuimos nosotros quienes avanzamos en el referéndum de cadena perpetua; el presidente Duque lo hizo realidad, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible al considerar que era costoso para el erario”.
Esas propuestas suelen tener mucha acogida en la opinión pública, pero hay serios cuestionamientos sobre su efectividad. Expertos y abogados lo acusan de populismo punitivo. ¿Hay alguna evidencia que demuestre que aumentando las penas disminuyen los casos de violencia contra los menores?
“Por eso hablamos de una tríada; no es solo fortalecer las penas. Insistimos en prevención desde los programas sociales y la familia, y en atención, donde el ICBF ha fallado en tratar oportunamente los casos. Debemos llegar a una judicialización efectiva. El Estado tiene la obligación de actuar con diligencia. El delito sexual debe ser considerado un crimen de máxima gravedad. Hay convenios internacionales que ponen el interés superior del niño por encima de todo. Coincido en que hay que dar la discusión, pero el derecho penal debe poner al infractor un castigo equivalente al mal que causa. En 2024 se presentaron 17.653 casos de abusos, de los cuales 1.886 fueron niños entre 0 y 5 años. ¿Qué pasa por la cabeza de un monstruo que abusa de un bebé?”
¿Y cómo se le va a aplicar la pena de muerte a 1.800 personas cada año?
“Esos son los casos presentados, hay que entender los subregistros y cuáles casos aplicarían si se logra cambiar la Constitución. También hay que fortalecer el sistema de investigación, juzgamiento y sanción para tener pruebas contundentes y revisión de segunda instancia. Además, el ICBF requiere una transformación de fondo. Una de nuestras primeras acciones será presentar un proyecto de ley que fortalezca a las madres comunitarias, a quienes el presidente (Gustavo) Petro les prometió seguridad social engañosamente. El ICBF sigue tomando decisiones desde Bogotá sin entender la realidad de los territorios. También hay demoras en los procesos de adopción y fallas en los hogares de paso, donde los niños rotan por varias familias, lo que les causa desequilibrio emocional”.
Ahora que menciona el tema de adopción, ¿cuál es su posición frente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo?
“Soy una mujer de familia, católica por naturaleza. Estoy convencida de que la adopción debe priorizarse a familias de padre y madre. Aunque el país ha tenido avances en este tema, sigo insistiendo en que un hogar debe estar conformado por padre y madre, donde cada uno tiene facultades específicas y superiores para la formación y protección del niño”.
Hay un tema de moda: la regulación de las redes sociales, la inteligencia artificial y el internet, especialmente para niños y jóvenes. ¿Tiene alguna propuesta sobre eso?
“Sí, es una de nuestras propuestas. Debemos acabar con los depredadores sexuales digitales mediante seguimiento y control. En las redes sociales pasan situaciones que no están siendo reguladas. Lo primero es discutir en el Congreso qué se puede y qué no se puede hacer en internet. Por ejemplo, a través de juegos como Roblox, invitan a los niños a encontrarse en lugares físicos, poniéndolos en riesgo. Lo segundo es hacer un llamado a los padres de familia para que usen el control parental y sepan qué hacen sus hijos, con quién interactúan y qué páginas visitan. No estoy en contra del internet, pero debe haber un control estatal y parental”.
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