El mercado de licores en Colombia está celebrando la histórica decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta medida cautelar, que frena de inmediato los nuevos impuestos, tendrá un impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores, quienes verán una reducción sustancial en el precio de bebidas como el aguardiente y el ron.
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Según los cálculos de las principales licoreras del país, las botellas podrían bajar –dependiendo de su referencia– desde $7.000 hasta $30.000 respecto a los precios sugeridos que se proyectaban bajo la vigencia del decreto, devolviendo la estabilidad a un sector que temía una parálisis por el encarecimiento de sus productos.
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la más grande del país, mantuvo una estrategia de cautela y celebra la decisión de la Corte. Esteban Ramos, gerente de la FLA, explicó a EL COLOMBIANO que la empresa no había aplicado aumentos drásticos en sus precios base, limitándose únicamente a cobrar el incremento del IVA del 5% al 19% que empezó a regir el 1° de enero.
¿Cuánto bajarán los precios de los licores en Colombia?
Sin embargo, advirtió que de no haberse suspendido el decreto, la FLA habría tenido que subir sus precios casi un 50% para cumplir con las exigencias del Gobierno Nacional. Actualmente, una botella de 750 mililitros de Aguardiente Antioqueño en grandes superficies ronda los $54.000; con el efecto inmediato del fallo, se espera que el precio al consumidor final baje entre $7.000 y $8.000 adicionales de forma inmediata al retornar el IVA al 5%.
Por su parte, la Industria Licorera de Caldas (ILC) también puso cifras concretas sobre la mesa para explicar la magnitud del ahorro. Diego Angelillis Quiceno, gerente de la ILC, señaló que el escenario con los impuestos de la emergencia económica era asfixiante. Por ejemplo, el precio sugerido para una botella de su Ron Viejo de Caldas de mayor rotación (750 mililitros), que bajo el decreto alcanzaba los $84.604, regresará ahora a los $54.545 tras la suspensión.
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Un caso similar ocurre con el Aguardiente Amarillo de Manzanares, cuyo precio sugerido de $71.112 bajará a $49.705. Estas reducciones, que superan los $21.000 y $30.000 respectivamente, son el resultado de eliminar el peso de un IVA que había saltado del 5% al 19% y otros ajustes en el impuesto al consumo.
Rentas departamentales también ganan
La suspensión de la emergencia económica, liderada por la ponencia del magistrado Carlos Camargo, no solo impacta el precio de venta, sino que protege la estructura financiera de los departamentos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había denunciado previamente que el decreto obligaba a la FLA a transferir más de $720.000 millones al Gobierno Nacional, dinero que usualmente se destina a la salud y educación de las regiones.
Con el alza conjunta del impuesto al consumo y el IVA, se estimaba que los productos de la FLA tendrían que subir alrededor de un 50%, una cifra que, según Ramos, habría destruido la demanda legal y disparado el mercado del contrabando.
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El análisis técnico de la FLA indica que el aumento excesivo de precios habría fomentado el licor adulterado, que hoy ya representa el 30% del mercado total. Al suspenderse estas cargas impositivas, la FLA podrá mantener su transferencia de $1,15 billones por impuesto al consumo directamente a las regiones, asegurando la inversión social sin castigar al consumidor.
Los canales de distribución, que ya presentaban incrementos de entre el 10% y 15% en medio de la incertidumbre de si la Corte tumbaría o no el decreto, deberán ajustar sus márgenes a la baja en los próximos días, devolviendo al mercado la dinámica que se había contraído desde el inicio del año ante la expectativa de los compradores.
¿Por qué la Corte suspendió la emergencia económica?
La decisión de la Corte Constitucional, con seis votos a favor y dos en contra, es un hito porque es la primera vez que se aplica una medida cautelar sobre un estado de excepción antes de un fallo de fondo. El magistrado Camargo argumentó con éxito que no existían hechos sobrevinientes que justificaran que el Ejecutivo se saltara al Congreso para crear impuestos.
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