Faltas de condiciones de salubridad, desabastecimiento y falta de garantías que llevarían a retornar a zonas de alto riesgo son algunas de las advertencias que lanzó la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá sobre la situación que están viviendo los 163 damnificados de la vereda Granizal, de Bello, luego del deslizamiento del pasado 24 de junio que dejó 27 personas muertas.
El directivo de esta mesa, Julián Zapata, manifestó que hay una crisis humanitaria no declarada. “Sentimos que el municipio de Bello y la Gobernación de Antioquia quieren dar a entender que están manejando de la mejor forma la situación, pero sentimos que no es así”.
Entre las vulneraciones a las que hicieron referencia, está la falta de agua potable y agua cruda, escasez de medicamentos, falta de insumos de higiene personal y falta de soluciones dignas de reubicación, por lo que emitieron la alerta, teniendo en cuenta que esta mezcla de situaciones podrían llevar a que haya una crisis humanitaria.
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Cabe destacar que muchas de las familias que decidieron invadir la ladera que se deslizó en la madrugada del último martes de junio son de poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto armado, indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes venezolanos y personas que se han visto afectadas por la gentrificación que afecta la zona urbana de Medellín y sus municipios cercanos.
“Lejos de recibir una respuesta efectiva del Estado han padecido abandono institucional, desabastecimiento, presión para retornar a zonas de alto riesgo y amenazas de desalojo sin mayores garantías a mediano y largo plazo, todo esto conlleva a una crisis humanitaria que podría escalar si no se actúa con inmediatez”, expresó Zapata.
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Ante estas denuncias, la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, aseguró que en el alojamiento temporal que está ubicado en Casa Bethania se encuentran 128 personas, de 40 familias y que se avanza en los protocolos para entregarles subsidios de arrendamiento no solo a estos afectados, sino a los 163 en total, ya que algunas de ellas están albergadas en casas de familiares y amigos.
“Todas recibirán oferta de vivienda y por un mes, un apoyo económico mientras consolidan la documentación requerida para los subsidios de arrendamiento. Sabemos que este apoyo es urgente y necesario”, indicó la mandataria.
Pero mientras toda esta situación se organiza, desde algunos entes han hecho llamados a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las personerías de Medellín y Bello para que brinden todo el acompañamiento a estas personas que se quedaron sin techo luego de que miles de metros cúbicos de tierra se desprendieran.
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