Faltan $148.000 millones
Este año, tal como ocurrió el pasado, y el anterior, y el de antes de ese, y el previo a ese, los ingresos de la Universidad de Antioquia, y de buena parte de las universidades públicas del país (por no decir que todas) no van a alcanzar.
El aumento de la cobertura, la expansión, el crecimiento de la investigación, la cualificación de los profesores, y en ese sentido los costos de operación de la Universidad, parecen no tener techo; de manera que los recursos, por más que los gobiernos (especialmente este del presidente Petro) han aumentado las transferencias no alcanzan para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.
El año pasado, por ejemplo, la Nación le giró a la Universidad $590.000 millones que corresponden no solo a lo que está obligada por ley a girar sino a un 2,82% adicional. Sin embargo, los salarios ese año subieron un 10,88% y los gastos de funcionamiento fueron de $827.000 millones, un hueco de $237.000 millones del que no se van a recuperar. “Aquí no pasa como en la salud que las clínicas u hospitales hacen una factura que algún día les van a tener que pagar. Esa plata ya no la recibimos”, explica Arboleda.
Aún así, la universidad cerró el año pasado con recursos que logró gestionar por su cuenta (aun cuando la Nación está obligada a financiar el funcionamiento) y a créditos que todavía está pagando.
En ese sentido, desde la universidad aseguran que han reducido los gastos sin afectar la calidad educativa y que para este año se han apretado casi en $25.000 millones, que no fueron suficientes porque todavía queda un hueco de hasta $160.000 que todavía no está claro cómo se va a cubrir.
En una atención a medios que citó Arboleda este jueves informó que el Consejo Superior Universitario había aprobado un préstamo de $54.000 millones (el del año pasado fue de $90.000), de manera que todavía quedaban $100.000 millones por resolver. Además tiene el compromiso de reducir en un 11% (unos $100.000 millones) los gastos de funcionamiento para el próximo año. “No es cierto que vamos a recortar la mitad de los profesores de cátedra, pero sí tenemos que reducir gastos”, explica Arboleda.
Y es que aunque la situación financiera es grave hay cierta sensación de optimismo por dos razones: la primera, es porque no es nuevo que se hayan quedado sin plata y en el pasado han sabido capotear. La segunda es porque parece que, por fin, se reformarán los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con los que se espera que la brecha entre los ingresos y los gastos de las universidades públicas deje de crecer en el corto plazo y se reduzca en el mediano y en el largo.
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La modificación de esos artículos consiste en que las transferencias de la Nación a las universidades ya no se van a regir por el dato del IPC, como se hace desde 1992, sino por un indicador llamado ICES, índice de costos de la educación superior, que, generalmente está por encima del IPC. Así, lo que se espera es que las transferencias aumenten al mismo nivel de los gastos todos los años. Las universidades llevaban décadas pidiendo esa reforma a la ley y parece que por fin se va a dar: ya pasó dos debates en Senado y faltan dos en Cámara.
¿El chuchuchú a Arboleda?
Sin embargo, las tensiones en la universidad no se limitan a los cuadros de Excel y a las cuentas bancarias. Según fuentes, comunicados, nombramientos y fallos administrativos, en el Gobierno Nacional no están contentos con la gestión de Arboleda (rector desde el 2018 y reelegido el año pasado con los votos del Gobierno Nacional) y están armando el ambiente para hacerle el “chuchuchú”.
El primer batacazo lo recibió el pasado mes de junio, cuando el Consejo Superior Universitario, en un hecho insólito, calificó con una puntuación de 1,75 sobre 5 el informe de gestión presentado por Arboleda y su equipo. Tras esa calificación, los representantes de los egresados, de los profesores y del Gobierno Nacional salieron a pedir la renuncia de Arboleda que, por supuesto, no estuvo de acuerdo con la calificación y, en el marco de las normas de la universidad, presentó un plan de mejora, que asegura estar cumpliendo.
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El segundo golpe, este más disimulado, ocurrió en agosto. Ese mes, el ministro de Educación, Daniel Rojas, cambió a su representante en el Consejo Superior Universitario. Sacó a Juan Carlos Bolívar (uno de los que rajó a Arboleda y antiguo empleado de Rojas en la SAE) para nombrarlo Director de Calidad del Ministerio y mandó en su lugar al cuestionado Daniel Torres Niño, quien hasta hace poco fue el representante del ministro en el hoy marchito Icetex.
En noviembre del año pasado la congresista Catherine Juvinao reveló que mientras Torres Niño era la cara del ministro en el Icetex, la propia entidad lo tenía demandado por los delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos y utilización indebida de información privilegiada.
“El ministro le ha dado la espalda al Icetex desde que se posesionó y no asiste a las reuniones de la junta directiva. En cambio, delegó como ‘enlace’ al señor Daniel Torres, denunciado en el pasado por el mismo Icetex por delitos contra la entidad”, denunció la congresista.
Además, hay que recordar que cuando estalló la crisis en el Icetex (recortaron los créditos y dejaron de subsidiar las tasas de interés, y cerca de 200.000 jóvenes ahora tienen que pagar el triple en las cuotas) el ministro trató de desligarse de la entidad. Rojas aseguró que el Icetex era una entidad que no pertenecía a su sector.
Ahora el representante del Ministro que estuvo durante la estocada final al Icetex está en la UdeA.
Pues bien, apenas 20 días habían pasado desde el aterrizaje de Torres cuando en la UdeA pasó otra cosa inédita: el Gobierno Nacional nombró una inspectora in situ para vigilar cada decisión que se tome en la institución. La encargada fue Angielly Paola Martínez Ruiz, quien llegó hace menos de un mes y ya tiene oficina y no se pierde ningún comité.
Martínez Ruiz también es de la entraña de Rojas: toda su experiencia profesional previa está en la Sociedad de Activos Especiales, donde trabajó desde el 2018, año en que se graduó como abogada, hasta febrero del 2025, cuando Rojas se la llevó para el Ministerio. Nunca antes de su llegada a la UdeA había trabajado en el sector educativo.
Según el Gobierno, esta inspección fue necesaria porque en dos visitas realizadas en 2024 encontraron en una situación crítica las finanzas de la institución, con indicadores financieros por el piso y, según dicen, pidieron información que no les fue entregada, una afirmación que el rector Arboleda y su equipo rechazan con vehemencia, pues dicen que tienen evidencias de que nunca recibieron una comunicación en la que se les pidiera hacer las correcciones antes de asignar la inspectora, por lo que se les habría violado el debido proceso y además se estaría poniendo en riesgo la autonomía universitaria. Tal es el descontento que impugnaron el acto administrativo que dio lugar a la inspectora y están esperando una rápida respuesta del Ministerio en ese sentido.
De su gestión en este mes, se dice que ha pedido “mucha información” y que, según los directivos de la universidad, toda se la han entregado en los tiempos establecidos y la relación ha sido “cordial”. Sin embargo, es innegable que desde su llegada los ánimos están caldeados. Wilmar Mejía, el representante del presidente Petro en el CSU, y quien le ha pedido públicamente a Arboleda que renuncie, ha denunciado, sin pruebas, supuestos perfilamientos a la inspectora.
Por ahora, no se sabe hasta cuándo estará la inspectora Martínez, ¿el día que se vaya se llevará a Arboleda?
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