En un insólito caso, una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del Inpec mientras estaba recluida en la cárcel Pedregal de Medellín, donde permaneció detenida por presunto homicidio. Como consecuencia de las presuntas agresiones, quedó embarazada.
Según su abogado, su situación es dramática. Tras hacerse pública la denuncia, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá como medida de protección. Sin embargo, su embarazo ha sido catalogado de alto riesgo, con múltiples amenazas de aborto, y en los próximos días dará a luz.
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Ante este panorama, Andrea Valdés, la privada de la libertad, envió una comunicación a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, solicitando el beneficio de detención domiciliaria. En su carta, además de relatar los abusos sufridos, denunció haber sido víctima de tortura y tratos crueles, incluyendo aislamiento, privación de derechos básicos y amenazas constantes.
El Ministerio de Justicia negó su solicitud, argumentando que la decisión sobre medidas como la detención domiciliaria corresponde a los jueces de la República. “Son los centros de reclusión nacional los lugares donde la persona privada de la libertad debe pagar su condena, a menos que medie una orden judicial del juez competente de ejecución de pena que autorice el traslado”, indicó la respuesta oficial.
