La Contraloría General de la República detectó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de $1.466 millones por el pago irregular de gastos de desplazamiento y permanencia a miembros de la Junta Directiva de la EPS Indígena Mallamás, que fueron financiados con recursos del Sistema de Salud. Esto se descubrió en una auditoría realizada en el primer semestre de este año.
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Según el ente de control, esos pagos fueron cubiertos con recursos del componente de parafiscalidad del sistema sin que estuvieran justificados por funciones estatutarias o actividades propias del aseguramiento en salud, lo cual —a su juicio— contraviene la destinación específica de estos fondos públicos.
La entidad anunció que estos hallazgos también incluyen una incidencia discilpinaria y que la trasladaron a la Superintendencia de Salud y será objeto de seguimiento en coordinación con los entes de control competentes con el fin de garantizar el uso eficiente, legal y transparente de los recursos destinados a la salud de esa población.
Falta de controles en Mallamás: Contraloría
La auditoría evidenció, según dijo la Contraloría Delegada para el Sector Salud, que estos pagos fueron autorizados directamente por el Gerente General de la EPS-I, incluyendo viáticos de hasta 14 salarios mínimos legales diarios vigentes al día, incluso para actividades no relacionadas con sesiones de Junta Directiva.
Esto ocurrió a pesar de que los estatutos de la entidad prohiben cualquier tipo de remuneración a los miembros de su junta directiva y que las funciones deben estar relacionadas con el objeto social de la aseguradora indígena. Esos pagos fueron verificados en documentos contables, resoluciones internas y comprobantes de ingreso.
Sin embargo, el ente de control fiscal, advirtió que no le aportaron soportes suficientes que acreditaran la necesidad, pertinencia y resultados de las comisiones de servicio financiadas con recursos públicos. Así mismo, se verificó que Mallamás no estableció límites, políticas internas o mecanismos de control adecuados que garantizarán el uso eficiente y legal de esos fondos.
Los llamados a las EPS indígenas
Luego de estos hallazgos, la Contraloría reiteró que la autonomía de los pueblos indígenas y el marco constitucional e internacional que respalda su derecho a la autodeterminación no exime a las entidades habilitadas como EPS en esa población del cumplimiento de la Constitución y la ley, en especial cuando administran recursos de destinación específica, como los de la salud.
Finalmente, esa entidad alertó que, según un reciente informe sobre el estado del sistema de salud por parte de las EPS, Mallamás EPS-I (que tiene 410.833 afiliados) adeuda más de $302.035 millones a sus prestadores de servicios (hospitales, clínicas, laboratorios, etc) y no cumple con el indicador de patrimonio adecuado, lo que compromete la sostenibilidad financiera de la entidad.
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