Epa Colombia lleva meses intentando salir de prisión. Pero no para huir de las consecuencias de sus actos, sino para poder atender a su hija, Daphne Samara, que nació en 2024. Según la Ley colombiana, al ser madre cabeza de familia, Daneidy Barrera (su nombre real), tiene la posibilidad de acceder al beneficio de casa por cárcel, para poder ser una mamá presente.
Sin embargo, aunque ha pedido varias veces que le concedan este recurso, nunca lo han hecho. Es por eso que su abogado defensor elevó una solicitud al Inpec —con copia al presidente Petro— para que Barrera sea trasladada a una guarnición militar.
Por el momento, Barrera permanece en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión, lo que equivale a cinco años y dos meses, por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.
El documento que pide su traslado a la guarnición está fechado con 11 de junio, y argumenta que la medida quiere “buscar mecanismos para la protección de la vida e integridad” de Barrera.
Esto dice el documento: ”Solicito que se autorice, desde la Dirección de Centros de Reclusión Militar y el INPEC, el cupo correspondiente para que mi representada pueda ser trasladada a una unidad militar que cuente con las condiciones de un ERE (establecimiento de reclusión), a fin de cumplir la condena que le ha sido impuesta en el marco de la criminalización de la protesta social del año 2019”.
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El abogado a cargo del proceso es Víctor Mosquera, representante de Barrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante resaltar que Francisco Bernate, representante de Barrera ante la Justicia colombiana, aseguró que no conoce el proceso de Mosquera ni ha sido notificado.
Sin embargo, la salida de Barrera de la cárcel es algo que no solo persiguen ella y sus abogados, sino también el presidente Gustavo Petro —por medio de su exministra de Justicia, Angela María Buitrago— e incluso una parte considerable de la ciudadanía, que ha recogido firmas para pedir su liberación. Es por eso que la propuesta, al parecer, podría ser aceptada.
Tal vez la quinta sea la vencida.
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Por el momento, los recursos han sido rechazados debido a que el beneficio de la ley de utilidad pública, que otorga beneficios a las madres cabeza de hogar, lo contempla para los delitos con connotación económica; como la venta de drogas y el hurto. Esos no son los cargos de Barrera.
Otro de los argumentos expresados por la Justicia para no darle el beneficio es que —según lo argumentado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá— Barrera no es el sustento económico ni moral de su hogar, puesto que “no existe evidencia de la ausencia o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral de los demás miembros de la familia”.
La defensa de la influencer se ha apegado al “derecho de la menor a permanecer junto a su madre, permitiendo su estancia en un establecimiento carcelario con condiciones adecuadas para la crianza y lactancia materna, conforme a la normativa vigente en materia de derechos de los niños”.