La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en irregularidades detectadas en un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17.
Los procesados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército.
Según la investigación adelantada, entre septiembre y octubre de 2024 el proceso contractual habría sido direccionado de manera irregular para favorecer a la empresa Vertol Systems Company, pese a que el comité evaluador del contrato habría descartado su propuesta.
De acuerdo con el ente de control, el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría presentado “prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica”.
Además, es acusado de intervenir en la modificación de los estudios financieros y de avalar condiciones que dificultaron comprobar la real capacidad económica del contratista.
Por su parte, Manrique Cabezas habría participado en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, modificando requisitos financieros habilitantes y permitiendo la aprobación de una propuesta sin que se pudiera establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional.
En cuanto a Mora Tamayo, la Fiscalía indicó que, pese a conocer las irregularidades del proceso, suscribió el contrato el 31 de diciembre de 2024 y posteriormente autorizó un cambio en la forma de pago, avalando un anticipo del 50 %, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Aunque el contrato no podía ejecutarse por incumplimientos del proveedor, el anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025. Como ya había anticipado este diario, del total del contrato, solo se habrían ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta ahora se haya reintegrado al Ministerio de Defensa un saldo superior a 13 millones de dólares, tras la declaratoria de incumplimiento.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres, según su presunta responsabilidad, delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación.
Ninguno de los tres acusados aceptó los cargos. Este viernes se conocerá si serían enviados a prisión y hasta el momento no se descarta que haya otros implicados. La Fiscalía avanza en el proceso para identificar cuáles habrían sido los roles de los involucrados dentro de la organización criminal.
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