No para de generar noticia la situación del prófugo de la justicia Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y uno de los principales implicados en la investigación por corrupción en la UNGRD. En las últimas horas, se conoció que tres funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección en la Cancillería para esclarecer el papel que jugaron diplomáticos colombianos en Nicaragua en los beneficios que habría recibido el exfuncionario.
La diligencia administrativa se concentró en revisar los trámites que permitieron a González obtener residencia y permiso de ingreso en ese país centroamericano. También se indaga el uso del carro y la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua, bienes que habrían estado a disposición del exdirector del Dapre, pese a que ya pesaba sobre él un proceso judicial en Colombia.
Los investigadores buscan determinar si existieron actuaciones irregulares o si se trató de simples gestiones de rutina por parte del cuerpo diplomático.
Al mismo tiempo, la negativa del Gobierno de Nicaragua a extraditar a Carlos Ramón González deja pocas dudas de que el exfuncionario no regresará a Colombia en el corto plazo para responder ante la justicia. González fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que involucra el desfalco de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
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La solicitud de extradición había sido presentada por el Gobierno colombiano mediante una nota de urgencia, buscando que González enfrentara los cargos y la medida de aseguramiento que se le dictó.
Sin embargo, la respuesta negativa ya fue notificada a la Cancillería, complicando los avances en la investigación y limitando la posibilidad de que el exfuncionario sea procesado de manera inmediata en el país.
Con la inspección de la Procuraduría, el caso abre un nuevo capítulo que apunta a establecer responsabilidades dentro del cuerpo diplomático.
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