El Ministerio de Justicia y del Derecho, junto al Consejo Superior de la Judicatura, radicaron este martes ante el Senado el proyecto de ley No. 050, que busca reglamentar la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional sin modificar competencias existentes.
La iniciativa busca reglamentar el artículo 246 de la Constitución y fortalecer el derecho de los pueblos indígenas a ser juzgados por sus autoridades, bajo sus costumbres y normas. Actualmente existen 115 sistemas de justicia indígena reconocidos en Colombia, pero no contaban con un marco legal claro que coordinara su actuación con la justicia ordinaria.
El proyecto propone mecanismos de articulación que incluyen formación para operadores judiciales, intérpretes y traductores; además de principios orientadores para resolver conflictos de competencia.
“Este proyecto no crea ni modifica competencias jurisdiccionales, pero sí establece reglas claras, mecanismos efectivos de coordinación y principios orientadores que permitirán resolver conflictos sin arbitrariedad ni improvisación”, explicó el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación de compromisos de debida diligencia para proteger los derechos de las mujeres, tanto en la Jurisdicción Especial Indígena como en la justicia ordinaria. Según el texto radicado, se busca transformar prácticas que puedan representar riesgos o vulneraciones para ellas dentro de sus comunidades.
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La construcción del proyecto fue resultado de un proceso participativo con las organizaciones indígenas, la Rama Judicial y las entidades del Sector Justicia, en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
Durante la radicación, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, aseguró que “aquí cabemos todos. Podemos coordinar, con respeto y entendimiento, los distintos poderes públicos”.
Por su parte, la senadora indígena Aida Quilcué señaló que esta herramienta “será clave para ejercer plenamente el derecho a la jurisdicción interna y educativa para la justicia en nuestros territorios”. El proyecto fue protocolizado en junio de 2024 durante la Mesa Permanente de Concertación Indígena en Bogotá. Esta es la segunda vez que el Gobierno presenta esta iniciativa.
En su primera radicación, fue aprobada en primer debate de la Comisión Primera del Senado, pero el trámite no concluyó por vencimiento de términos y debió archivarse. Con esta nueva presentación, el Gobierno busca establecer una convivencia armónica entre los distintos sistemas jurídicos del país, reconociendo la autonomía, saberes y particularidades de los pueblos indígenas.
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