Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, es considerada una de las piezas clave dentro del entramado de corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Aunque ha mostrado resistencia para colaborar con la justicia, Ortiz ha empezado a dar su versión de los hechos, aunque con evidente cautela. En ese contexto, Blu Radio reveló apartes del interrogatorio que le realizó el magistrado auxiliar Álex Movilla Andrade en junio de 2024, cuando la exfuncionaria aún no había decidido declarar con contundencia.
En los audios difundidos llama la atención una inusual advertencia hecha por el magistrado. Movilla le recordó a Ortiz que, en tanto no haya aceptado colaborar con la justicia, no está obligada a autoincriminarse, incluso si eso implica faltar a la verdad.
“Si usted falta a la verdad o la calla total o parcialmente respecto de usted, atención a esto, si respecto de su situación usted me dice mentira, usted falta a la verdad, no ocurre absolutamente nada. Si yo le hago alguna pregunta y usted considera que la respuesta que me ofrece, o que le ofrece a la Corte, es una respuesta veraz pero que le causa perjuicio a sus intereses jurídicos, usted tiene derecho a mentir”, le dice el magistrado.
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Esa aclaración se da en un momento en que las autoridades intentan que Ortiz colabore formalmente, como ya lo han hecho Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalados como protagonistas del desvío multimillonario de recursos públicos a través de contratos amañados desde la UNGRD.
En otros apartes del interrogatorio revelado este martes, Sandra Ortiz reconoció que recibía órdenes directas de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro.
Aunque intentó matizar el alcance de sus acciones al afirmar que las gestiones solicitadas por González “eran normales”, sí admitió que él le pidió moverse políticamente en el Congreso, especialmente entre los miembros del partido Alianza Verde, para impulsar las reformas sociales del Gobierno.
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“A todos nos dijo que ayudáramos a impulsar las reformas, que las sacáramos adelante, que habláramos con los congresistas y miráramos los puntos de vista que no coincidíamos a ver si podíamos llegar a un buen acuerdo”, declaró Ortiz.
La Fiscalía acusa a la exconsejera de haber entregado un soborno de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con quien tenía una relación personal cercana. Según el expediente, el objetivo de ese pago era asegurar el apoyo, directo o indirecto, del congresista a la aprobación de las reformas de salud y pensional, entre otros proyectos del Ejecutivo.
En su testimonio, Ortiz confirmó que Name no fue una ficha fácil de mover y que dedicó tiempo y esfuerzos a tratar de persuadirlo, siguiendo instrucciones de González.
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“Con Name me puse muy juiciosa en esa tarea. Primero porque Carlos Ramón me lo pidió, me dijo: ‘Mira, nosotros somos del Partido Verde, somos partido de Gobierno. Name está en una actitud hostil con el Gobierno. Sandra, yo sé que él te aprecia, ¿por qué no entre los dos, poco a poco, vamos acercándonos para que él también escuche esta parte del Gobierno?’ Eso sí, hicimos esa tarea. Le dediqué tiempo en desayunos, almuerzos y comidas tratando de hablar con él. Nunca le he hecho tanto lobby a un hombre, tantas invitaciones, con toda la buena actitud. Pero no fue fácil, creo que hasta este momento no ha sido fácil con él”, confesó.
Este testimonio refuerza la tesis de la Fiscalía de que la estrategia para aprobar las reformas del Gobierno incluyó no solo gestiones políticas, sino también pagos ilegales y presión directa sobre figuras clave del Congreso.
