A pesar de su cuestionado paso como vicepresidente de EPM, Andrés Uribe ahora maneja millonarios contratos del Estado
En medio del ajedrez que Daniel Quintero ha armado con sus exfuncionarios y personas de confianza en el Gobierno Nacional, hay un personaje que ha pasado de agache: Andrés Felipe Uribe Mesa, exvicepresidente de riesgos de EPM y actual vicepresidente de negocios de Positiva, la compañía de seguros y pensiones del Estado.
Uribe Mesa es abogado y magíster en administración; llegó a la vicepresidencia de EPM en septiembre del 2020 por pedido del entonces alcalde Quintero. Antes de eso, su única experiencia relevante como para ostentar semejante cargo (responsable, por ejemplo, de que los pagos de las pólizas de Hidroituango se desembolsaran con éxito) había sido gerente de operaciones de una compañía de corredores llamada JEU seguros, donde su padre fue uno de los fundadores. Su cercanía con el gobierno de Quintero tendría que ver con aportes a su campaña a la Alcaldía, aunque él los niega.
Lea también: ¿En manos de quién está la Contraloría de Antioquia y cuáles han sido sus escándalos recientes?
De su paso por la empresa de servicios públicos, que terminó en enero de 2024, se dice que además de que viajaba con una frecuencia poco usual (él dice que era necesario para conseguir el aseguramiento de la hidroeléctrica), también, que en no pocas veces, se le notaba con tragos; tanto así que los conductores de la empresa se quejaron en su momento porque estaban cansados de transportarlo en la madrugada.
Pero eso parece lo menos grave de su paso por EPM: actualmente, sobre él hay dos denuncias en Fiscalía por dos millonarios contratos que presuntamente habría ayudado a direccionar.
En abril del 2022, EPM adjudicó un contrato de $39.561 millones a la firma Ardiko A&S Construcciones, suministros y servicios SAS para la prestación del servicio de alimentación en los restaurantes del campamento en Hidroituango.
Desde la firma del convenio, Sinpro, el sindicato de EPM, alertó sobre posibles irregularidades. La primera es que al contrato se le hicieron modificaciones de última hora, al parecer, para favorecer al ganador. Esos cambios estuvieron relacionados con los seguros que debían presentar los oferentes y fueron exigidos y aprobados por Uribe Mesa.
El principal fue que la propuesta de Ardiko no consiguió la póliza que entregan las aseguradoras del programa de Póliza Matriz de EPM que, casi que por regla general, deben conseguir los contratistas, y aún así EPM le permitió adquirir la póliza con otra aseguradora por fuera de ese programa. Además, a la oferta se le hicieron dos ampliaciones de plazo para que el ganador pudiera cumplir con todos los requisitos.
Y es que el hecho de que Uribe Mesa tuviera un pie en el sector público tomando decisiones sobre millonarios recursos públicos en cuanto a pólizas, y el otro pie en el sector privado, en negocios con aseguradoras de familiares y amigos, era lo que más dudas generaba (y genera) sobre la transparencia de su gestión, primero en EPM y ahora en Positiva.
Además, cuando el contrato entró en vigencia, los trabajadores se quejaron por la mala calidad de los alimentos. Esto decía una carta de Sinpro de mayo del 2022: “Ardiko, cuya experiencia se concentra en la atención de restaurantes carcelarios, lo que guarda directa relación con las quejas y malestares constantes que se han recibido por parte de los usuarios de los restaurantes Tacuí y Cuní, al punto que muchos de quienes permanentemente habitan en el campamento han optado por preparar sus propios alimentos o buscar otras opciones de servicio”.
La denuncia de este caso donde se habrían cometido delitos como el Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y el Interés indebido en la celebración de contratos, además de graves faltas disciplinares y fiscales, está en manos de la Fiscalía desde mayo del 2024, pero nada ha pasado desde entonces. Uribe asegura que todo se hizo cumpliendo la norma y que no podía dejar a la mejor oferta por fuera solo porque no estaba asegurada dentro del programa de la empresa, sino por el contrario debía ofrecerle alternativas.
De acuerdo con una fuente de alto nivel, cuando el funcionario de EPM encargado de la seguridad de la compañía volvió de una de sus vacaciones, se encontró con sorpresa que el contratista de vigilancia no quería trabajar más.
¿La razón? Desde la Vicepresidencia de riesgos le habían pedido presuntamente una coima para seguir, aprovechando las vacaciones del funcionario encargado. Aunque entre el funcionario y el contratista trataron de arreglar las cosas siguiendo la ley e ignorar la solicitud del delito, cuando hubo que renovar el contrato, no hubo mucho qué hacer.
En marzo del 2023, la compañía sacó a licitación un proceso por $119.000 millones para el servicio de seguridad privada de sus instalaciones en todo el país, que al final se ganó una empresa llamada Su Oportuno Servicio LTDA, de Barranquilla.
Desde antes de la adjudicación, los demás competidores pegaron el grito en el cielo porque consideraban que desde EPM estaban favoreciendo a la empresa costeña, especialmente en cuanto al requisito relacionado con la póliza de seguro de vida, pues la empresa que al final se quedó con el contrato presentó una que no cumplía con los mismos requisitos que las que presentaron los otros concursantes y por eso era más barata y podían ofrecer un menor precio, y aún así desde la vicepresidencia de Uribe hicieron todo lo posible por validarla. Uribe Mesa dice que, de acuerdo con el concepto del director de seguros en ese momento, la póliza era válida y él le hizo caso.
De acuerdo con la denuncia que tiene en este momento la Fiscalía, en este caso hubo “inconsistencias y errores en la certificación de la póliza de seguro de vida, junto con la intervención directa de EPM para obtener dicha certificación” así como una “repetida insistencia en otorgar oportunidades adicionales a un oferente específico, manipulación del proceso y falta de aplicación uniforme de las reglas de contratación”.
A pesar de todo eso, apenas seis meses después de salir de EPM, Uribe Mesa fue nombrado como Vicepresidente de negocios de Positiva, donde ya algunos contratistas y oferentes competidores se están quejando de presiones indebidas y exigencias de coimas en procesos de contratación.
De hecho, en diciembre del año pasado, Julián Camilo Forero, asesor del senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático, fue capturado y enviado a prisión domiciliaria por intentar sobornar al subdirector de la Policía, General Nicolás Alejandro Zapata, para que este direccionara un contrato de $120.000 millones a esta empresa de seguros del Estado.
De acuerdo con la denuncia de Zapata, le estaban ofreciendo $3.500 millones a cambio de que esta entidad le entregara a Positiva el millonario contrato de los seguros de vida de todos los policías de la institución. Según Uribe, “Forero está loco” y no tiene ninguna relación con él.
Regístrate al newsletter 
