México inaugura una “nueva era” este lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado.
Jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales completan los más de 2.000 cargos que asumen funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
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Dicha elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13% del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos que se emplearon para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
Previo a una ceremonia que se realizará en el Senado de México, la nueva Suprema Corte asumió funciones de manera simbólica en una ceremonia indígena realizada por la tarde en el Zócalo (plaza central) de la capital.
En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.
“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, dijo durante la ceremonia Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca que presidirá la Suprema Corte.
Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo poder judicial. Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria.
Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo.
“Tengan la seguridad de que es una corte distinta (...), aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”, dijo el jurista mixteco, quien fue funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Aguilar será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).
Una elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum.
Opositores y activistas insisten en que la reforma no busca resolver la impunidad, que en México supera el 90%, ni mejorar la impartición de justicia, sino “capturar políticamente al Poder Judicial”, señala Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs.
El activista, cuya organización monitoreó los comicios, opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno en tribunales clave, y distribuyó masivamente volantes donde se orientó el voto hacia aspirantes favorables al oficialismo.
En los estados, los procesos “fueron determinados por los gobernadores”, explica Meza, lo que facilitó la selección y el triunfo de ciertos perfiles.
“Juzgados capturados”
Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” porque poseían antecedentes penales, por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Una de ellas fue Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien asumirá como jueza penal en el estado de Chihuahua (norte).
Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”.
El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.
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