No han sido meros anuncios, amenazas aisladas o retórica para sumar adeptos. Sin haber cumplido un año de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido emprendiendo una guerra frontal y cada vez más cruenta –entrelazada por denuncias de violaciones de derechos humanos–, contra grupos ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Mientras el mundo se concentra en su guerra de aranceles o su intervención en el conflicto entre Hamás e Israel, hay otro frente de batalla que cambió el tablero geopolítico y reescribió la guerra contra las drogas que declaró el republicano Richard Nixon en 1971.
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Volviendo a 2025, este es el balance más reciente. Dependiendo las fuentes, hay reportes de al menos 13 bombardeos contra lanchas señaladas de mover el ilícito: entre 50 y 60 muertos. La declaración de guerra arrancó con un video tan inquietante como desafiante: un barco en llamas en el Caribe, un mensaje en redes sociales y una frase que sintetiza su cruzada: “matamos a narcoterroristas del Tren de Aragua”.
Desde entonces, los bombardeos contra lanchas rápidas se han convertido en su forma de demostrar poder. Pero más allá del inclemente mensaje, lo que está en marcha es una transformación profunda en la política antidrogas de Estados Unidos. El discurso es simple, pero efectivo para sus seguidores: si las drogas matan estadounidenses, quienes las transportan son enemigos de la nación. Bajo esa lógica, los carteles latinoamericanos dejan de ser organizaciones criminales y se convierten en “grupos armados no estatales”, categoría que permite operaciones militares sin declaración formal de guerra.
Es el mismo razonamiento que justificó las invasiones preventivas tras el 11 de septiembre, ahora aplicado al narcotráfico. La historia parece repetirse con nuevos nombres y viejos pretextos; en la cruzada de Trump, el narcotráfico funciona como excusa perfecta para reactivar la doctrina del poder por encima del derecho. Y mientras América Latina vuelve a mirar al norte, Trump apunta al sur.
La declaración de guerra es tal que Trump ha llegado a comparar a los narcotraficantes con los radicales terroristas: “Ahora debería estar claro para todo el mundo que los carteles son el ISIS del hemisferio occidental”.
Las críticas
Según el profesor Camilo González, internacionalista de la Universidad Javeriana, la estrategia de Trump 2.0 resignifica la relación de Washington con América Latina. “Trump no está atacando la producción de droga ni el problema de salud pública. Está atacando una etapa: el tráfico. Militariza el fenómeno, lo convierte en un asunto de seguridad interna y lo desvincula de la corresponsabilidad que Estados Unidos tiene como principal país consumidor”, explica González.
Para el académico, lo más grave no es la violencia en sí misma, sino la negación del principio de corresponsabilidad internacional. Durante décadas, la lucha antidrogas se había construido sobre una premisa básica: los países productores y los consumidores comparten el problema. Sin embargo, Trump parece decidido a borrar esa noción.
“Es una estrategia miope”, dice González. “Estados Unidos evita reconocer que el negocio se mueve por la demanda interna. La demanda es la que crea la oferta, y esa demanda sigue localizada en su propio territorio”.
Al romper ese vínculo, el Gobierno estadounidense traslada toda la carga moral y política a los países del sur, mientras su propia crisis por el fentanilo y otras drogas sintéticas se aborda como un tema de seguridad fronteriza, no de salud pública.
Sin embargo, precisamente por ello, para Trump la estrategia puede ser rentable políticamente ante su electorado.
Esto contrasta con lo que ha hecho Colombia. El país ha tratado de defender enfoque de salud pública, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, que busca sustituir el paradigma militarista. “Lo que hace Trump es una bofetada a esa visión —agrega González—, porque al tratar el narcotráfico como guerra, desconoce los avances en la comprensión del fenómeno como un asunto social y sanitario.”
El regreso del ‘sheriff’
Trump ha vuelto a colocarse el sombrero de “sheriff del hemisferio”, como si la historia volviera a girar hacia las lógicas de la Doctrina Monroe (“América para los Americanos”). Los bombardeos contra embarcaciones en aguas internacionales no solo desafían los tratados del derecho del mar, sino que abren la puerta a un nuevo unilateralismo armado, en el que Estados Unidos decide a quién perseguir, dónde y con qué justificación.
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Según González, Trump busca reposicionar a EE.UU. como autoridad moral y militar de Occidente ante un problema global, pero lo hace por la fuerza y con el pretexto de “defensa nacional”, exportando su política antidrogas al exterior.
13 bombardeos en el Caribe y el Pacífico dejan casi 60 muertos
En menos de dos meses, Estados Unidos ha ejecutado trece bombardeos contra lanchas rápidas en el Caribe y el Pacífico oriental, como parte de su ofensiva marítima contra el narcotráfico. El primero se registró el 2 de septiembre, frente a las costas de Venezuela, cuando un video publicado por Donald Trump mostró el ataque a una lancha en la que murieron once personas. Según el presidente, eran “narcoterroristas del Tren de Aragua” vinculados al régimen de Nicolás Maduro, quien negó la acusación.
El 15 de septiembre anunció un segundo operativo en el Caribe, con tres muertos, y el 19 de septiembre un tercero a 80 millas de Isla Beata, en República Dominicana, donde fueron abatidos otros tres tripulantes y se incautaron 377 paquetes de cocaína. En esa ocasión, Trump afirmó que pertenecían a una “organización terrorista designada” no identificada.
Durante este mes, la ofensiva se intensificó. El 3 de octubre un nuevo ataque dejó cuatro muertos y el 14, durante un acto por el aniversario de la Marina, Trump reveló otra operación con seis fallecidos.
El 16 de octubre, un bombardeo sobre un semisumergible en el Caribe causó dos muertes y dejó dos sobrevivientes que fueron entregados a Colombia y Ecuador. Ese mismo día dimitió el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey. El 17 de octubre se informó de otro ataque en aguas internacionales que mató a tres hombres con presuntos vínculos con grupos colombianos.
Las acciones pasaron luego al Pacífico. El 21 de octubre, un bombardeo frente a Centroamérica dejó dos muertos, y el 22 otros tres en una lancha señalada de transportar cocaína.
El 24, seis personas murieron frente a Venezuela en un ataque atribuido al Tren de Aragua, y el 28 de octubre, en la ofensiva más grande hasta ahora, fueron destruidas cuatro embarcaciones en el Pacífico oriental, con saldo de 14 víctimas. En total, los 13 bombardeos contabilizados han dejado 58 muertos y extendido el radio de operaciones entre el Caribe y el Pacífico.
Cruzadas militares contra cárteles: “ELN es como a Al-Qaeda”
“Estos cárteles son los de Al Qaeda del hemisferio occidental, que utilizan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”.
Esta afirmación, por parte de Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, surgió al anunciar un ataque contra un “cártel colombiano” —una embarcación vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), según Washington—, y se aplicó también a un ataque posterior dirigido a un barco conectado a un grupo insurgente colombiano presuntamente involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos en el Caribe.
En su anuncio, por medio de la red social X, Hegseth señaló que esa operación se efectuó en aguas internacionales, que el objetivo era una embarcación “identificada por nuestra inteligencia como implicada en el narcotráfico ilícito” y que abordaba “una ruta conocida de tráfico de estupefacientes”.
Con esta declaración, Hegseth cambió el lenguaje militar frente al narcotráfico y marcó el giro de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina: tratar a los cárteles y grupos insurgentes como enemigos terroristas, un cambio que traslada la lógica de la guerra contra el terror al continente. Esta vez, el enemigo señalado lleva acento latinoamericano y navega bajo las sombras del narcotráfico entre el Caribe y el Pacífico.
Trump notifica al Congreso guerra contra narcos
El presidente Donald Trump formalizó ante el Congreso estadounidense un aviso (“notice”) en el que notificó su decisión de emplear fuerza letal contra cárteles de la droga en el Caribe y el Pacífico, argumentando que estas organizaciones constituyen “grupos armados no estatales” que han cometido “ataques armados” contra Estados Unidos.
Según el documento, el país estaría en un “conflicto armado no internacional”, lo que permitiría acciones militares sin declaración formal de guerra.
Trump afirmó públicamente que no pedirá esa autorización porque su plan es “matar a las personas que están trayendo drogas” al país, una frase que desató críticas por su tono extrajudicial.
Mientras congresistas republicanos como Lindsey Graham y Jim Risch defendieron la legalidad de la medida, otros la calificaron de violación al derecho internacional y advirtieron que podría derivar en una guerra sin control político ni supervisión legislativa.
El “notice” marca un precedente, ya que redefine el combate al narcotráfico como una guerra declarada unilateralmente, en la que EE.UU. se arroga la potestad de atacar fuera de su territorio sin necesidad de pruebas judiciales ni coordinación con los países afectados.
Maduro: cada vez más arriconado y sin capacidad de respuesta
La dictadura de Nicolás Maduro ha advertido que los operativos estadounidenses ponen en riesgo la seguridad regional y podrían escalar a un conflicto mayor. “Son maniobras para desestabilizar al país y justificar una presencia militar permanente en el Caribe”, dijo el canciller Yván Gil al referirse también al despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y de destructores cerca de sus costas.
Esto se da cuando el Miami Herald reveló que funcionarios del chavismo, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, habrían ofrecido a Washington un plan de transición en el que Maduro cedería el poder en tres años a cambio de garantías para su entorno.
Según el diario, el actual diputado Rodríguez asumiría el mando hasta 2031 sin posibilidad de reelección. Sobre esto, hay que mencionar que la vicepresidente negó que tal acuerdo existiera, calificando el reporte como “falso” y parte de una operación de “guerra psicológica”.
Por su parte, AP informó que un agente federal intentó reclutar al piloto presidencial Bitner Villegas para desviar el avión de Maduro hacia territorio estadounidense, operación que nunca se concretó. El episodio evidenció el grado de infiltración que buscaba Washington, algo que el propio Trump reconoció al afirmar que hay agentes en Venezuela.
En sus apariciones, Maduro ha intentado proyectar control y resistencia. Dice que Estados Unidos “prepara una guerra” en contra de Venezuela. No obstante, en un contexto de bombardeos, sanciones y presiones militares, el régimen se queda con menos capacidad de influencia y más acorralado.
¿Violación del derecho internacional?
La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que los bombardeos ordenados por los Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.
Según HRW, dado que el narcotráfico no es un conflicto armado, estas operaciones no pueden justificarse bajo el derecho internacional humanitario. HRW subraya que la justicia penal y los derechos humanos —no la ley de la guerra— rigen en estos casos, por lo que las personas sospechosas de tráfico deben ser detenidas y procesadas, no eliminadas sumariamente.
En cuanto al marco legal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por EE. UU.) establece que el uso de la fuerza letal solo se permite cuando es estrictamente necesario para proteger vidas ante una amenaza inminente.
Por su parte, organismos de las Naciones Unidas también expresaron alarma. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, calificó los bombardeos como posibles asesinatos ilegales y reclamó investigar las cadenas de mando y las justificaciones legales.
Asimismo, citan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que permite intervenciones en alta mar en casos específicos y no ampara el uso indiscriminado de fuerza letal en operaciones antidroga sin respaldo claro. Las organizaciones coinciden en que estas acciones ponen en riesgo el sistema internacional de derechos humanos.
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