El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por $547 billones. Es decir, $10 billones menos que el proyecto inicial del Ministerio de Hacienda.
El recorte mejora la consistencia del presupuesto y reduce la dependencia de ingresos inciertos, pero no corrige el deterioro estructural de las finanzas públicas ni marca el inicio de una consolidación sostenida.
William Reyes García, investigador del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que el presupuesto se aprueba en un contexto fiscal exigente.
“El déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) cerró en 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1% para 2025, niveles comparables a los de la pandemia. A esto se suma la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, que suspendió por tres años los límites al déficit y la deuda”, precisa.
A renglón seguido, Reyes sostiene que esta flexibilidad otorga un respiro temporal, pero también aplaza el retorno al ancla fiscal previsto para 2028. El PGN 2026 debía ser el primer paso hacia un ajuste ordenado y creíble. “Sin embargo, los resultados fiscales y la composición del gasto muestran que el margen para consolidar las cuentas públicas sigue siendo limitado”.
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¿Cómo se distribuye el presupuesto para el 2026?
De los $547 billones aprobados, $358,1 billones se destinan a funcionamiento (66%), $100,4 billones al servicio de la deuda (18%) y $88,4 billones a inversión (16%).
En conjunto, el 84% del presupuesto está comprometido con gastos inflexibles, lo que deja escaso margen para contener la expansión del gasto corriente o reorientar recursos hacia la inversión pública.
Además, el presupuesto crece 1,9% en términos reales frente al de 2025, impulsado por el aumento de los gastos de funcionamiento (6,6%) y una leve expansión en la inversión (6,4%).
En contraste, el servicio de la deuda se reduce 14,7% por menores pagos de intereses y operaciones de manejo de deuda. En el componente de inversión, el 74% ($65,4 billones) está regionalizado, $21,6 billones corresponden a inversión nacional y $1,4 billones están por asignar.
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran las mayores apropiaciones, seguidas de Cundinamarca y Atlántico.
“Las regiones con menor capacidad institucional como Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas reciben menos de $300.000 millones. Esta concentración muestra que el gasto de inversión sigue reproduciendo brechas territoriales históricas”, advierte Reyes.
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Impacto del recorte de $10 billones al presupuesto para el 2026
El recorte de $10 billones aprobado por el Congreso se concentró en funcionamiento (–$7,6 billones), servicio de la deuda (–$2,0 billones) e inversión (–$0,4billones).
Por el lado de los ingresos, la reducción de los ingresos contingentes de $26,3 billones a $16,3 billones fue el cambio más importante.
“Estos ingresos dependen de una nueva Ley de Financiamiento (reforma tributaria), por lo que el ajuste disminuye la exposición a fuentes inciertas y mejora la credibilidad del presupuesto”, aclara el investigador.
El Gobierno anunció que eliminará de su propuesta dos impuestos sensibles: el IVA a los combustibles fósiles, que esperaba recaudar $2,6 billones, y el impuesto al consumo de cerveza, estimado en $6,5 billones. En este último caso, el retiro era obligatorio.
“Los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas son de orden territorial y no pueden contabilizarse como ingresos nacionales”, detalla Reyes y agrega que la exclusión corrige un error técnico y reduce la sobrestimación de ingresos observada en el proyecto inicial.
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Deterioro fiscal de Colombia
“A pesar de estos ajustes, los indicadores fiscales siguen mostrando deterioro. Entre 2018 y 2025, el déficit del Gobierno Nacional Central con corte a agosto pasó de –2,6% a –5,1% del PIB, y el balance primario, que mide la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses, se movió de –0,4% a –2,0%”, enfatiza Reyes.
Además, las diferencias entre las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y las cifras del PGN revelan inconsistencias persistentes.
En 2026, los ingresos proyectados en el presupuesto superan los del Marco Fiscal de Mediano Plazo en 0,9 puntos del PIB, mientras que el gasto lo hace en 0,7 puntos. “Este desajuste refleja una falta de coordinación macrofiscal y una tendencia a sobrestimar ingresos, lo que afecta la credibilidad del marco fiscal”, alerta el investigador del Observatorio Fiscal.
Por otra parte, el recaudo tributario proyectado para 2026 alcanza 15,6% del PIB sin reforma y 16,5% con ella, cifras superiores al promedio histórico del país (14%).
Sin embargo, el recaudo real de 2024 fue de 14,4% del PIB, tras el pico de 16,6% registrado en 2023 por medidas excepcionales.
“Apostarle a recaudo similar al de 2023 en 2026 requeriría un entorno político favorable y un cambio estructural que no tiene relación con el comportamiento reciente del recaudo”, asegura Reyes.
La ejecución del PGN 2025, con corte a septiembre, alcanzó 58,7%, el mejor desempeño de los últimos años. El repunte se explica por una mayor disponibilidad de recursos y por la proximidad de la Ley de Garantías Electorales, que llevó a las entidades a acelerar compromisos antes del inicio de las restricciones de contratación.
Reyes afirma que este puede ampliar el déficit de cierre si no hay ingresos de caja equivalentes. El rezago presupuestal heredado de 2024, de $62,8 billones, ya se ha ejecutado en 78,5% ($49,1 billones). “Aunque esto alivia los compromisos pendientes, también aumenta la presión sobre las cuentas fiscales al cierre de 2025”.
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¿El presupuesto para el 2026 en Colombia es insuficiente?
El investigador Reyes subruya que el PGN 2026 es un presupuesto más prudente, pero aún insuficiente para revertir el deterioro de las finanzas públicas.
“La reducción de los ingresos contingentes mejora la transparencia y elimina supuestos poco realistas, pero el país sigue enfrentando un déficit primario elevado, una deuda creciente y un marco fiscal con metas optimistas. Retomar el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2028 exigirá disciplina del gasto, fortalecimiento del recaudo estructural y credibilidad en la programación macrofiscal”.
Remata diciendo que solo un ajuste sostenido y creíble permitirá recuperar la confianza en la política fiscal y garantizar la estabilidad de las finanzas nacionales.
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