La Personería Distrital de Medellín ha encendido nuevamente las alarmas sobre la crítica situación que padece la atención en salud de los afiliados a la Nueva EPS en la capital de Antioquia.
De acuerdo con un boletín emitido este 23 de octubre, la Personería reiteró la alerta institucional debido a las fallas graves y sistemáticas que comprometen el derecho fundamental a la salud de miles de usuarios en Medellín.
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La preocupación se centra en el impacto financiero que la aseguradora, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, está generando en la red prestadora de servicios. Según la información recopilada por la Personería, la cartera pendiente de pago de la Nueva EPS con la Red Pública Distrital asciende aproximadamente a $9.518.905.034 (con corte a junio de 2025).
Esta cifra corresponde a los reportes oficiales remitidos directamente por las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública de Medellín. Adicionalmente, la deuda con algunos prestadores privados del Distrito es de cerca de $115.132 millones (con corte a agosto de 2025).
Esta crisis administrativa y financiera ha derivado en un colapso operativo y una alta judicialización en Medellín. La Personería documentó un incremento dramático en las demandas legales: si en 2024 se interpusieron aproximadamente 1.106 acciones de tutela contra la Nueva EPS, para el 30 de septiembre de 2025 ya se registraban 2.395 acciones de tutela y 1.079 incidentes de desacato.
Actualmente, 275.909 afiliados dependen de esta EPS en Medellín. Entre las principales problemáticas reportadas se encuentran:
• Retrasos en la asignación de citas especializadas.
• Demoras en cirugías y exámenes diagnósticos.
• Barreras en la continuidad de tratamientos médicos.
• Dilaciones en la entrega de medicamentos de alto costo.
El Personero Distrital de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez, enfatizó que esta situación constituye una afectación directa al goce efectivo del derecho fundamental a la salud, golpeando especialmente a poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, quienes no pueden seguir asumiendo las consecuencias de un sistema en crisis.
Más de $4 billones de deuda en Antioquia
La situación en Medellín es un reflejo de la compleja y profunda crisis que afronta la Nueva EPS en el resto de Antioquia, donde la red hospitalaria tiene un hueco financiero de por lo menos $4 billones por cuenta de las deudas de las EPS.
La falta de pagos ha llevado a varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) al límite de su operación, forzando cierres temporales y ultimátums, como es el caso de Promedan, que atiente a más de 19.000 pacientes de la Nueva EPS en Antioquia y que ha acumulado cartera de hasta $19.000 millones. Esta deuda ha tenido en riesgo la atención de 70.000 usuarios en Medellín, 35.000 en Itagüí y 16.000 en Caucasia.
Por su parte, recientemente, la IPS Bello Salud suspendió servicios ambulatorios por un pendiente de $1.500 millones.
Asimismo, hospitales de municipios como Caucasia, Puerto Berrío, Yolombó, Yarumal y Turbo emitieron un ultimátum similar por una deuda de $60.000 millones, que fue negociada en Bogotá.
En Rionegro (Oriente antioqueño), la Clínica Somer llegó a un acuerdo temporal con la Nueva EPS para reabrir servicios esenciales (incluyendo urgencias, hospitalización y UCI) a cerca de 150.000 afiliados, a pesar de que la deuda abultada con la clínica se tasa en cerca de $10.000 millones.
Pacientes en diferentes ciudades han tenido que recurrir a medidas extremas para exigir el cumplimiento de su derecho a la salud. En Puerto Berrío, Antioquia, usuarios se vieron obligados a encadenarse a la sede de la EPS para reclamar la entrega de medicamentos de alto costo y autorizaciones de remisión, como en el caso de una paciente con leishmaniasis visceral que lleva cerca de 60 días hospitalizada.
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Según voceros de pacientes de alto costo, la entrega oportuna y completa de medicamentos a nivel nacional apenas logra alcanzar el 50%, generando una “grave crisis humanitaria”. Los problemas de atención son generalizados, afectando patologías como cáncer, VIH y trasplantes.
En Bogotá, durante un plantón frente a la Defensoría del Pueblo, pacientes adultos mayores y con enfermedades crónicas hicieron un dramático llamado al Gobierno: “que por favor nos ayuden a los de la tercer edad, al menos para tener una muerte digna, que se apiaden de nosotros”. La Defensoría del Pueblo ha reconocido que estas quejas se encuadran en una crisis del derecho a la salud de manera general en todo el territorio nacional.
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