La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación defendieron en la mañana de este miércoles que la Alcaldía de Medellín sea reconocida como víctima de un presunto detrimento superior a los 40.000 millones de pesos dentro del escándalo de Aguas Vivas.
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Este proceso judicial está en etapa de juicio y este 29 de abril se continuó con la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, nueve exfuncionarios más de su administración y tres particulares, en el Juzgado la juez 22 Penal del Circuito de Medellín con función de conocimiento.
Era la primera diligencia judicial a la que concurría Quintero, seis días después de haber sido nombrado Superintendente de Salud, lo cual tiene su importancia ya que una de las muchas críticas a su nominación es que tendrá que dividir su tiempo entre la vigilancia al sistema de salud, el cual está en una crisis continua y estructural, con la atención de sus líos legales.
La audiencia comenzó hacia las 9 a.m. y él reportó su asistencia unos 10 minutos después, cuando fue llamado, permaneciendo con la cámara prendida solo por contados segundos.
El exmandatario local está respondiendo por los presuntos cargos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en tanto que su exsecretario general Fabio Andrés García está imputado por presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.
A la vez, por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
Adicionalmente, tres particulares son posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.
Según recordaron en la audiencia, la Fiscalía ha mencionado un probable detrimento superior a los 40.000 millones de pesos para el Distrito de Medellín como producto de un presunto entramado corrupto para reconocerles ese valor a las empresas y el particular mencionado.
La diligencia de este miércoles era para que los defensores terminaran de sustentar su petición de nulidad del caso y para definir si la Alcaldía de Medellín es aceptada en condición de víctima, lo que le permitiría participar activamente en el juicio.
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Los abogados de los implicados han alegado que el proceso debe archivarse porque, en su concepto, en la etapa de imputación la Fiscalía habría cometido fallas que atentan contra el derecho a la defensa.
Entre otras cosas, hubo un llamado repetido en el sentido de que no hubo una descripción de las conductas en que cada uno habría incurrido que encajen dentro de los respectivos tipos penales, especificando cómo ocurrieron y qué beneficio obtuvieron.
No obstante no se produjo una determinación al respecto por parte de la juez, quien tras escuchar todas las razones pasó al segundo punto que era la sustentación de por qué sí o por qué no la Alcaldía debía ser reconocida como víctima.
Alfonso Cadavid, el abogado contratado por la Alcaldía para que la represente, apuntó que el daño contra la administración de Medellín fue real porque se sustrajo un bien que ya estaba a su nombre y se pretendió que se reconocieran más de 40.500 millones de pesos a particulares.
Para sustentarlo, mostró el certificado de tradición y libertad donde se ve que el Municipio figuró como dueño del inmueble Aguas Vivas y después perdió esa condición.
Vale la pena recordar que este asunto se refiere a el presunto negociado con el megalote de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas.
En diciembre de 2019 este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas -un compromiso de los urbanistas, de generar espacio público por cada proyecto que emprenden- pero luego, en la administración de Quintero, intentaron que pagaran más de $40.500 millones del erario a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y a Villegas; posteriormente esa misma administración devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal.
Y la tramoya se habría completado cuando, al fracasar los intentos previos por presuntamente favorecer a los particulares, Quintero y su secretario general, García, expidieron el decreto 412 de 2023, en el que ampliaban la posibilidad de uso del terreno, lo que lo valorizaba. Esa es justamente la actuación que más tiene comprometido al exmandatario local y actual Supersalud.
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Tanto la Fiscalía como la Procuraduría apoyaron a Cadavid. “La Corte Suprema de Justicia ha precisado que la calidad de víctima se acredita con la demostración sumaria de un daño real y concreto, e incluye el derecho a la verdad, a que se haga justicia y a que no se repitan los hechos. Todos esos intereses concurren en cabeza del Distrito de Medellín”, dijo la fiscal y añadió que en estos casos no es opcional sino obligatorio que se presente como tal.
Además indicó que el daño fue más allá de lo económico porque “instrumentalizaron las instituciones para despojar al erario de un bien de 42.000 millones de pesos”.
Por su parte, el delegado del Ministerio Público acompañó esa postura y opinó que la Fiscalía es la que debe definir quiénes tienen la calidad de víctimas en los casos que indaga y avisarles para que ejerzan “cabalmente sus derechos desde la imputación, en la acusación y en el juicio oral”.
El exmagistrado de la Corte Suprema Luis Antonio Hernandez, quien defiende a Quintero, había sido el primero en rechazar que el Distrito fuera víctima y este miércoles lo hizo de nuevo. Como punto de partida, refutó la validez de que la Fiscalía tenga la última palabra sobre el tema pero fue más allá al negar que haya existido un daño patrimonial para la Alcaldía; para ello se apoyó en un concepto de la Contraloría de Medellín, que se negó a abrir investigación al respecto.
“No puede haber juicio fiscal en la medida en que no haya detrimento patrimonial para el Estado”, agregó.
Pero además dijo oponerse porque la alcaldía actual, con Federico Gutiérrez a la cabeza, tendría un interés que le genera inhabilidad ya que fue denunciado por el exalcalde Quintero, su poderdante, y fue en los últimos días de su administración (el 27 de diciembre de 2019) que se hizo el traspaso jurídico de Aguas Vivas. Sin embargo no se entregó materialmente y ante un supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato estaba destinado a devolverse.
“Podría haber responsabilidades de funcionarios de la anterior administración, pero la fiscal decidió dejarlos de lado, por fuera del proceso. Incluso el alcalde podría beneficiarse con las actuaciones en este proceso y justificar sus actuaciones o las de los funcionarios de su administración”, anotó Hernández.
Él y otros defensores plantearon que si alguien debe defender los intereses de las víctimas debe ser la Contraloría, bien la Distrital o la General de la República.
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Se espera que la juez 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento saque conclusiones sobre los dos asuntos en discusión en la próxima audiencia que está citada para el 20 de mayo a la 1:30 p.m. y así saber si el juicio sobre Aguas Vivas continúa o no va más, y si la Alcaldía puede tener o no un papel protagónico en él.
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