A pesar de que hay varias sentencias judiciales de por medio que ordenan obras y reubicaciones alrededor de la cuenca de la Quebrada La Picacha para evitar riesgos, estos no se han cumplido, lo cual estaría amenazando con producir nuevas tragedias en este sector de Medellín en la temporada invernal que se avecina.
Así lo advirtió la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, que ha acompañado a la comunidad en sus reclamaciones al respecto.
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Este afluente del río Medellín ha tenido un historial de desastres en la historia reciente, pero la que más se recuerda fue en 2011, durante una ola invernal que causó calamidades en todo el país, una inundación por La Picacha cobró la vida de una persona y arrasó decenas de viviendas.
Luego de esa calamidad, en 2014 la comunidad, ayudada por la Clínica Jurídica, instauró una acción popular para exigir la protección de sus derechos colectivos a la prevención de desastres técnicamente previsibles.En 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló de ellos, ordenando a la Alcaldía, Corantioquia, el Área Metropolitana e Isvimed hacer un censo poblacional, elaborar estudios técnicos, construir obras hidráulicas, actualizar el plan de manejo de la microcuenca y ofrecer soluciones de vivienda definitiva a por lo menos 106 familias de La Playita y de sectores como San Pablo, Las Mercedes, Guanteros, La Isla y El Hoyo. No obstante, el cumplimiento de estas órdenes habría sido lento e insuficiente, según advierte la Clínica Jurídica.
Más recientemente, en 2024, el Consejo de Estado ratificó el fallo e incluyó la obligación de formular una política pública de reasentamiento por desastres naturales, además de diseñar un plan progresivo de reubicación de las familias en riesgo, pero el incumplimiento persistiría, según se concluyó en una reunión de verificación realizada el pasado 23 de septiembre con presencia de entidades responsables y actores comunitarios.
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Ahora, cuando el Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres) reporta que el incremento de las precipitaciones sobre la capital antioqueña han aumentado en un 45% su intensidad, la Clínica Jurídica advierte de la posibilidad de que se repita la historia, debido en buena parte a que no se han acatado los compromisos en materia de reubicación y control a la construcción en la orilla de la quebrada.
“Hoy, más de una década después, no se ha dado una solución definitiva de vivienda a las familias. Lo más preocupante es que la zona ha sufrido un repoblamiento. Por eso pedimos al juez iniciar un incidente de desacato contra estas entidades. Hay órdenes judiciales claras que no se han cumplido, mientras la amenaza de una nueva catástrofe aumenta con cada ola invernal”, apuntó Ana Milena Montoya, coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés Público de la U. de M.
El ingeniero Rubén Darío Montoya, docente de Ingeniería Civil de la U. de M., señaló que ha continuado una urbanización desordenada y sin planificación adecuada, advirtiendo que si muchas familias se asientan sobre las zonas de retiros de las quebradas no siempre es por voluntad propia sino por necesidad. Pero considerando las altas pendientes de Medellín, esto genera un alto riesgo de inundaciones que no dan tiempo de evacuar, de manera que en segundos las aguas arrasan con personas y muebles.
“Esto no es cuestión de si va a suceder, sino de cuándo. Exigimos que se retomen las obras hidráulicas suspendidas desde 2020 y que se reubiquen de manera definitiva a las más de 190 familias que siguen en riesgo. El censo está desactualizado y las soluciones de vivienda entregadas en el pasado ya han sido ocupadas por otras familias, generando un nuevo reasentamiento que no ha sido controlado por la Alcaldía”, reclamó por su parte el representante de la JAC de La Estación Popular y accionante de la demanda, Félix Antonio García.
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