La Contraloría General de la República alertó sobre la grave situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales universidades públicas del país: la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander. La entidad destacó que, si no se toman medidas urgentes, los problemas encontrados podrían poner en riesgo la sostenibilidad de estas instituciones y la educación superior en Colombia.
Entre los hallazgos, el ente de control encontró que tres de ellas, la Universidad Nacional, la de Antioquia y la del Valle, muestran, con corte a diciembre de 2024, un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones.
El más importante es el de la Universidad Nacional, que alcanza $4,5 billones.
Este pasivo se ha ido acumulando producto de los cálculos actuariales de cada entidad; sin embargo, la Contraloría recalcó la necesidad de mantener actualizados los cálculos para determinar el monto real de esta deuda y evitar sorpresas en el futuro.
En este sentido, el informe muestra que en algunas entidades se están haciendo proyecciones con bases de datos con antigüedad de una década.
La Contraloría llamó la atención para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la Nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades.
Así mismo, subrayó que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones. Tal es el caso de la Universidad del Valle que debe concurrir con el 19,9%, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio.
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Entre los aspectos que preocupan están los efectos del régimen salarial y prestacional de los docentes (decreto 1279 de 2002), que permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica, con los cual los costos anuales crecen a un ritmo importante mientras que los recursos presupuestales asignados para sufragar estos gastos no siguen la misma dinámica, viéndose estas entidades en dificultades para hacer frente a sus obligaciones.
Un caso para destacar es el de la Universidad de Antioquia, que en el 2017 reconoció un Valor Anual de los Puntos Asignados por $10.364 millones, mientras en el 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, lo que significa un crecimiento del 76%.
Sobre este punto, el análisis de la Contraloría arrojó que “la Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención. Aunque se han transferido recursos adicionales, gran parte de ellos han tenido una destinación específica. Tal es el caso de los planes de cobertura que han venido implementando las universidades”.
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A lo anterior se le suma otro riesgo identificado por la entidad en el tema de la formalización de los funcionarios de las entidades educativas mencionadas.
“La magnitud de esta brecha podría agravarse si se tiene en cuenta lo establecido en el recientemente expedido decreto de formalización laboral para las instituciones de educación superior pública del país (Decreto 391 de 2025), que de acuerdo con cálculos ofrecidos por el Sistema Universitario Estatal requeriría recursos a la base presupuestal del sistema de universidades públicas que ascenderían aproximadamente a $2,9 billones”, indicó el ente.
