El Decreto 0175 de la emergencia económica establece medidas legislativas para enfrentar la crisis en el sector agropecuario. Este incluye alivios como la condonación de créditos para el agro. No obstante, también ordena medidas excepcionales para contratar sin restricción de manera directa.
Así lo explicó la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde. Señaló la medida como una “perla” que el Gobierno incluyó para realizar cambios en las reglas de contratación pública.
A través de su cuenta en X, la congresista sostuvo que “el documento elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías en plena época electoral”. Aunque reconoció que la emergencia invernal exige contratación rápida, subrayó que “eso no está en discusión”.
Para Lozano, lo que resulta “innegociable es el blindaje total: plan de inversión público, responsables claros, control permanente y rendición de cuentas en tiempo real”. Y concluyó que “la emergencia no puede ser un cheque en blanco para la politiquería”.
¿Cuáles son las medidas excepcionales de contratación del Decreto 0175 de 2024?
El Decreto 0175 de 2026 argumenta que establece de manera explícita medidas excepcionales de contratación con el objetivo de dar mayor celeridad a la actuación administrativa y agilizar la ejecución de recursos en las zonas afectadas por la emergencia.
Entre las principales disposiciones está la autorización para acudir a la contratación directa. Esto significa que las entidades públicas pueden adquirir bienes, servicios y logística necesarios para implementar las medidas del decreto sin adelantar procesos de selección competitivos ordinarios.
Los expertos en contratación pública han explicado una y otra vez que dar contratos directos es preocupante porque elimina la competencia, lo que suele derivar en un uso ineficiente de los recursos públicos y en una menor calidad de los servicios. Eso porque se saltan los procesos de licitación, se reduce la transparencia y aumenta el riesgo de corrupción, ya que facilita el favoritismo hacia empresas amigas o el pago de favores políticos con dinero de los impuestos.
El decreto especifica que estas contrataciones se someterán únicamente a los requisitos y formalidades exigidos por la ley para la contratación entre particulares. Además, se aplicarán artículos específicos de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que regulan la contratación estatal en Colombia.
Otro punto clave es la eliminación del límite de adición. Se permite adicionar contratos estatales, ya sean vigentes o suscritos en el marco de la crisis, sin que opere el tope legal del 50% sobre su valor inicial, restricción que normalmente rige en la contratación pública.
Decreto 0175 se salta la Ley de Garantías
¿Cómo se busca garantizar la transparencia?
Aunque amplía las facultades de contratación, el decreto incorpora un mecanismo de control. La supervisión del contrato deberá verificar y avalar que exista un nexo causal directo entre cualquier modificación contractual y la mitigación de los efectos de la emergencia.
Además, se exige el cumplimiento de los principios de economía, responsabilidad y selección objetiva, pilares de la contratación estatal.
El debate se centra ahora en el equilibrio entre la necesidad de rapidez para atender la emergencia y los controles que eviten un uso indebido de los recursos públicos en un contexto electoral.
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