El Gobierno Nacional desplegó una narrativa de victoria financiera tras confirmar que Colombia saldó la totalidad de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, señalaron que este pago de US$5.400 millones cierra un capítulo oneroso de la pandemia y libera al país de las condiciones impuestas por organismos externos.
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Sin embargo, mientras el Ejecutivo saca pecho por liquidar un compromiso que se pagaba a tasas más favorables, la realidad de la deuda interna cuenta una historia radicalmente distinta y preocupante para el bolsillo de los colombianos.
La euforia por el pago al FMI ignora una cifra técnica fundamental: ese crédito de emergencia, solicitado en 2020, se canceló a una tasa del 3,09%. En contraste, para financiar su funcionamiento diario, el Gobierno se está endeudando hoy en el mercado interno a niveles que no se veían en 17 años.
El martes, el Ministerio de Hacienda realizó una subasta de Títulos de Tesorería (TES) a corto plazo por $900.000 millones, donde la tasa de corte se ubicó en 13,72%. Lo que resulta más inquietante es que, apenas un día después, en una nueva colocación de $1,5 billones en títulos con vencimiento a cuatro años, la tasa de interés rompió la barrera del 14%, llegando específicamente al 14,263%.
Este salto hacia el 14% representa una contradicción directa con las proyecciones oficiales de hace apenas unos meses. Javier Cuéllar, director de Crédito Público, había asegurado previamente que, gracias a la estrategia de manejo de deuda, era muy poco probable que las tasas de los TES se negociaran en niveles cercanos a ese 14%.
No obstante, la realidad del mercado ha desmentido estas previsiones, alcanzando máximos históricos que no se registraban desde el año 2009. Expertos como Mauricio Santamaría, socio de EConcept, califican esta situación como paradójica, pues mientras se celebra el fin de una deuda barata con el FMI, se está “regalando” dinero a los inversores locales con rendimientos del 14%.
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Un desbalance fiscal que golpea el bolsillo ciudadano
La magnitud del problema se entiende mejor al observar el tamaño de la deuda pública total, que a marzo de 2026 ya alcanzaba los $1.215 billones, según Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit e investigador senior, quien señala además que por el pago de los $20 billones al FMI se hizo un “show mediático”, mientras hay una deuda interna que no deja de crecer y encarecerse.
De hecho, la composición de lo que debe el país ha dado un giro drástico: hoy el 71,2% de la deuda del Gobierno es interna, una tendencia que ha subido de forma sostenida desde el 59,4% que se registraba en 2023, según Montañez-Herrera. Esta dependencia de los préstamos locales a tasas altísimas está generando lo que algunos expertos llaman un enriquecimiento de los especuladores a costa del futuro de las próximas generaciones.
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El encarecimiento de la deuda pública no es solo una cifra en los libros del Ministerio de Hacienda; es un fenómeno que ya se está trasladando a la economía real de los hogares. El aumento en las tasas de los TES desde finales de 2024, dice el experto, ha impulsado al alza las tasas hipotecarias, que en marzo de 2026 se situaron en el 13,5%, niveles que no se veían desde mediados de 2024. Lo curioso es que este incremento se ha dado incluso antes de que el Banco de la República realice movimientos en sus propias tasas, lo que sugiere que es el apetito de endeudamiento del Gobierno el que está jalonando el costo del crédito hacia arriba.
Desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el diagnóstico es severo. El organismo advierte que el elevado déficit fiscal del país responde a deficiencias recientes en la planeación y a un gasto sostenido que está por encima de la tendencia histórica latinoamericana. El CARF estima que el déficit primario para 2026 será del 3,7% del PIB, una cifra mucho más alta que el 2,1% previsto por el Gobierno.
Para el Comité, la estrategia oficial para reducir el gasto es poco probable que se cumpla, especialmente porque el decreto de aplazamiento de gasto prometido no ha sido expedido, mientras que más de la mitad del presupuesto de inversión ya está comprometido.
El peso de la historia y el riesgo de refinanciamiento
La situación actual ha llevado a voces como la de José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, a comparar este nivel de endeudamiento con los problemas que enfrentó el país a finales del siglo XIX. Según López, hoy cada colombiano debe diez veces más de lo que se debía hace 35 años.
Aunque el presidente Petro defiende que la revaluación del peso y las operaciones de recompra de bonos externos por US$4.500 millones han permitido ahorrar unos US$135 millones a la nación, estas maniobras parecen ser apenas paños de agua tibia frente a la presión de la deuda.
El manejo de la deuda realizado por el Gobierno ha logrado reducir temporalmente el gasto de intereses en los papeles contables, pero el CARF advierte que esto ha incrementado de manera sustancial las necesidades de financiamiento para el próximo cuatrienio. En términos sencillos, se están pateando las obligaciones hacia adelante bajo condiciones de mercado mucho más agresivas.
La paradoja es total: el Gobierno celebra la salida de un organismo internacional para ganar autonomía, pero esa misma autonomía lo ha llevado a quedar atrapado en un mercado local que exige casi un 14% de interés para prestarle dinero.
Mientras el discurso oficial se centra en la soberanía financiera por haber saldado la cuenta con el FMI, el costo de mantener el Estado funcionando se vuelve cada día más restrictivo. La estrategia de endeudamiento actual no solo eleva los riesgos de refinanciamiento a corto plazo, sino que deja al país vulnerable ante cualquier cambio en el entorno económico mundial.
Para los analistas, el verdadero reto no era pagar la deuda barata del pasado, sino evitar que la deuda cara del presente termine asfixiando la inversión y el crecimiento de Colombia en los próximos años.
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