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En reciente columna ¿Es sostenible el modelo económico de Petro y Cepeda? el propio presidente Gustavo Petro interpeló al afirmar “mi modelo se basa en aumentar la oferta sobrepasando la demanda interna y priorizar la producción sobre la extracción de combustibles fósiles”.
Presidente, su modelo económico redistribuye sin estimular la oferta: Bajo crecimiento (1,6 % promedio en los últimos tres años), inversión en mínimos históricos (16,6 % del PIB) y señales preocupantes en el empleo (el empleo público explica el 39,0% de los nuevos ocupados en febrero). Sin una base productiva robusta, el gasto no es sostenible. Y cuando ese modelo se agota, quienes pagan son los más vulnerables.
La economía colombiana permanece atrapada en una senda de bajo crecimiento y débil inversión. No es casualidad. Sectores clave como la construcción, las obras civiles y la industria manufacturera muestran un desempeño insuficiente, mientras otros, como el minero-energético, han sido desincentivados sin estimular nuevas actividades económicas. El resultado es una economía con un menor PIB potencial.
Las cifras lo confirman. El crecimiento reciente ha estado impulsado principalmente por el comercio y actividades de entretenimiento, ambas asociadas al consumo de los hogares, y por la administración pública; no por la inversión. Dicho consumo ha sido sostenido por factores transitorios: remesas elevadas, transferencias del Estado y choques favorables de precios internacionales. No es una base sólida para crecer.
Este tipo de crecimiento no reduce de manera estructural la pobreza. Por ello, su gobierno ha ampliado las ayudas monetarias, el empleo público y transferencias directas. Pero esta expansión del gasto ocurre en un contexto de déficit fiscal elevado (6,4 % del PIB en 2025) según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La consecuencia es previsible: mayor presión inflacionaria, tasas de interés más altas, pierden los más pobres, la clase media y pequeños empresarios, en un entorno menos favorable para la inversión y generación de empleo.
Usted ha señalado que su política agraria e industrial busca enfrentar la llamada “enfermedad holandesa”. Sin embargo, repartir tierras no constituye por sí mismo una política de oferta. Sin infraestructura, crédito, asistencia técnica y acceso a mercados, la productividad no despega. El propio Acuerdo de La Habana habla de un desarrollo rural integral, no solo de redistribución de tierras. Las evidencias no permiten afirmar que haya un cambio en las tendencias de largo plazo de la base productiva del sector agrícola así algunos bienes no transables (plátano, yuca, etc.) producidos por pequeños productores hayan aumentado.
En el frente industrial, la manufactura crece por debajo del promedio de la economía, con una contribución marginal al crecimiento total y sin un cambio significativo en la canasta exportadora. La estructura productiva del país, lejos de transformarse, sigue estancada.
El problema de fondo es conceptual: privilegiar la redistribución sin fortalecer la generación de valor y riqueza. Como advierte Hernando Gómez Buendía, se corre el riesgo de confundir inversión con especulación y productividad con explotación, sin ofrecer una alternativa viable de crecimiento. Este no es un debate ideológico. Es una advertencia sobre los límites de un modelo que no corrige sus propios desequilibrios. Sin inversión, sin productividad y sin crecimiento, no hay política social que perdure. Y en esa tensión, entre intención y sostenibilidad, se juega parte del futuro económico del país.
