La Contraloría General de la República concluyó que el Estado ha tenido una gestión “ineficiente” en la implementación de políticas orientadas a superar la informalidad laboral en Colombia y advirtió que este fenómeno continúa afectando a millones de personas que permanecen sin acceso a empleos dignos ni protección social.
El estudio fue presentado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo en la Universidad Externado de Colombia, en un encuentro que contó con la participación del contralor en funciones, Luis Enrique Abadía; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, Alfonso Palacios Torres; y el economista e investigador Juan Camilo Villar Otálora.
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Durante su intervención, Abadía afirmó que el país requiere un gran acuerdo nacional por la formalización que trascienda ciclos políticos y promueva transformaciones sostenibles.
“A juicio de la Contraloría General de la República, esta radiografía de la informalidad, a múltiples niveles y condiciones, amerita un gran pacto nacional por la formalización”, explicó.
También señaló que el archivo de la reforma laboral no significa el cierre del debate. Según indicó, se deben construir consensos sólidos que garanticen los derechos de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad económica del país.
Abadía explicó que el organismo de control revisó el contenido de la reforma laboral y concluyó que, aunque presentaba avances en derechos laborales, podía tener efectos negativos sobre el empleo formal.
Sin embargo, valoró como positiva la inclusión de la regulación del trabajo en aplicaciones digitales, al considerar que representa un avance en la protección de miles de trabajadores que actualmente están por fuera del sistema.
“El archivo de la reforma no significa que el debate haya llegado a su fin. Invitamos a todos los sectores del país a continuar trabajando en cambios del sistema laboral que respondan a las necesidades de Colombia”, concluyó.
El estudio titulado “Contexto de la informalidad laboral en Colombia 2014-2023” presenta un análisis de causas, efectos y políticas públicas en diferentes regiones.
Entre sus principales hallazgos, señala que en 2023 el 43 % de los trabajadores en las 23 principales ciudades del país se encontraban en la informalidad, una cifra que, aunque menor a la de años anteriores, sigue siendo alta en comparación internacional.
El informe también identifica barreras estructurales que obstaculizan la formalización, como los altos costos de seguridad social, la complejidad de los trámites y la presencia de extorsión en algunas regiones.
En términos educativos, se evidenció un aumento en el número de trabajadores sin educación formal durante la pandemia, pasando de 148.000 en 2020 a 394.000 en 2021. En contraste, la informalidad entre personas con educación secundaria se redujo en ese mismo periodo.
El análisis de género reflejó que, a pesar de avances en la inclusión laboral femenina, los hombres siguen predominando en el trabajo informal. Las mujeres enfrentan barreras adicionales relacionadas con el cuidado no remunerado.
Por grupo etario, los trabajadores entre 41 y 60 años son los más afectados por la informalidad, seguidos por los que tienen entre 29 y 40 años, lo que limita sus oportunidades de estabilidad económica.
A nivel regional, las ciudades con mayores tasas de informalidad empresarial en 2022 fueron Sincelejo (98,6 %), Riohacha (97,9 %), Cartagena (97,9 %) y Santa Marta (97,7 %). En contraste, Bogotá, Tunja y Manizales registraron los niveles más bajos.
En el sector empresarial, el Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE) del DANE reportó una tasa de 90,1 %, con sectores como minería, transporte, construcción y agricultura, superando el 95 % de informalidad.
El estudio también examinó las propuestas de reubicación de vendedores informales en los Planes de Desarrollo Municipal. Concluyó que estas estrategias no han logrado los resultados esperados debido a que no abordan las causas estructurales del fenómeno.
Además, se evidenció que una parte significativa de los vendedores informales valora la autonomía que les brinda operar fuera del marco regulatorio y consideran que los beneficios del empleo formal no compensan las restricciones y costos asociados.
La Contraloría reiteró su llamado a que la discusión laboral continúe con propuestas viables que respondan al contexto actual y que garanticen tanto la protección social como el dinamismo del mercado laboral colombiano.
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