El fantasma de la politización de la Universidad Nacional sigue vigente. Al uso de la sede principal de esa institución en Bogotá para eventos políticos del Pacto Histórico (actual partido de Gobierno), ahora se suman las críticas a una de las integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) que está participando en la campaña electoral de 2026 bajo esas toldas. Mientras algunas voces en la comunidad académica rechazan esa “dualidad” y piden su renuncia, ella se defiende.
En noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro nombró como delegada del Gobierno ante el CSU de esa institución a la fisioterapeuta y candidata a doctora en salud pública, María Alejandra Rojas Ordóñez. A tres años de esa designación, en su rol como ciudadana, la consejera es militante del petrismo y está aspirando a un cargo de elección popular: la Cámara de Representantes por Bogotá.
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Por ello, su nombre estuvo en el tarjetón de la consulta interna del Pacto para definir el orden de los candidatos realizada el pasado 26 de octubre. Sin embargo, hizo campaña, se sometió a la votación y actualmente es candidata mientras seguía ejerciendo como delegada del presidente Petro ante el CSU, que es el máximo órgano de toma de decisión de las universidades públicas encargada, entre otras funciones, de elegir a los rectores.
¿Rojas está inhabilitada?
El pasado 10 de octubre, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) aseguró en sus redes sociales que Rojas “estaría violando el Código General Disciplinario” por su condición de candidata al Congreso y delegada presidencial en la universidad y porque “ejerce funciones públicas en el CSU y la Procuraduría ha sido enfática en prohibir este tipo de actuaciones”.
Para la senadora uribista, María Alejandra Rojas “estaría desconociendo la prohibición de participar en política” que aplica para los particulares que ejercen funciones públicas y pidió a la Ministerio Público abrir una investigación en su contra.
Entre tanto, los profesores de la Nacional, Camilo Younes y Diego Torres (quien es representante profesoral ante el CSU), advierten que la consejera ha estado recibiendo pagos de la institución, incluido el tiempo de campaña para la consulta interna.
Un derecho de petición contestado por la Nacional al profesor Torres señala que en sus tres años como integrante del Consejo ha recibido más de $37 millones por concepto de pago de honorarios por participación en ese órgano. Así mismo, que recibió $3,4 millones por concepto de apoyos económicos y de transporte a seis viajes que hizo como delegada a las sedes en Palmira, La Paz, Medellín y Manizales (en abril de 2025) y Amazonía (en mayo de 2025).
Los honorarios y los salarios son cosas diferentes. Los primeros son pagos recibidos por un servicio profesional independiente que no generan prestaciones sociales ni vínculo laboral; los segundos, entre tanto, son pagos pactados mediante un contrato.
En ese sentido, un concepto de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública advierte que los miembros de los CSU “aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos”; por lo cual, Rojas no estaría inhabilitada para ser candidata (la ley prohibe que ese tipo de empleados sean electos congresistas) y sería un particular que ejerce funciones públicas.
No obstante, el 28 de agosto pasado el procurador Gregorio Eljach firmó la directiva 013 de 2025 en la que entregó recomendaciones sobre la participación en política y prohibiciones para las próximas elecciones legislativas y presidenciales. En este documento advirtió que quienes ejerzan funciones públicas deben abstenerse, entre otras cosas, de “utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas”, “difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra” de partidos “a través de cualquier medio” y de “intervenir en controversias de tipo político”.
“He separado mis roles”: Rojas
Consultada por EL COLOMBIANO, la consejera y candidata dijo sobre sus honorarios que “no es un trato preferencial hacia mí en este momento ni lo ha sido antes para otras personas” y que “entendería la crítica si eso fuera así o un derroche de recursos públicos, pero no es el caso. Esos pagos ha sido por el trabajo riguroso, que trasciende las sesiones (del CSU) y lo que se hace en la comunidad universitaria”.
Por otro lado, expresó sobre su rol como candidata y consejera universitaria que “he sido muy respetuosa y por eso trato de no vincular las responsabilidades y funciones que asumo en el CSU con otros escenarios de participación. No utilizo mi rol para nada distinto a lo que me corresponde, no he utilizado recursos públicos o espacios institucionales para nada que no sean mis funciones”.
Aun así, este diario conoció una foto en la que María Alejandra Rojas aparece con el candidato presidencial Iván Cepeda y un grupo de simpatizantes en el que está el petrista David Porras (defensor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela) en el auditorio León De Greiff de la Nacional. La consejera también estuvo presente en un evento del pasado 9 de septiembre, en ocasión del Día Nacional de los Derechos Humanos, en el que se le hizo un homenaje al hoy senador del Pacto Histórico.
Ante esto, dijo que ese evento “se convocó en el marco de esa conmemoración, no era en función de su candidatura” y que “asistí como parte de la comunidad universitaria”, pero que no hizo proselitismo político y “no lo he hecho en los espacios de la universidad”. Y agregó que “no se puede sacar de contexto un escenario en particular que se estaba desarrollando con una persona reconocida por su defensa de los derechos humanos desde hace muchos años”.
Finalmente, añadió que para esa fecha Cepeda aún no era precandidato oficial en la consulta interna. Sin embargo, desde el 22 de agosto él anunció que presentaba su nombre como aspirante del Pacto Histórico a la Presidencia.
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