Luego del anuncio de la Fundación Universitaria San José, por medio de una misiva, en la que se estipula que se anuló el título de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y de profesional en Contaduría Pública de Juliana Guerrero, diferentes reacciones surgieron luego de esta información.
Una de las repuestas más inmediata la dio la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha sido, desde un inicio, muy crítica con esta designación y fue de las primeras en señalar que Guerrero no contaba con el certificado del Saber Pro.
“Hoy podemos afirmar que los títulos de Juliana Guerrero no sólo son irregulares porque ella no haya presentado las pruebas Saber Pro, sino que además, según lo que acaba de revelar la misma Fundación Universitaria San José, Juliana Guerrero nunca pisó un salón de clases”, señaló.
Además, anunció que emprenderá acciones jurídicas para tumbar la delegación que el presidente ha hecho en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde su delegada sigue siendo Juliana Guerrero.
“Después de que todos sabemos que tiene títulos falsos”, agregó.“¿Cómo puede estar una persona así en el Consejo Superior de una universidad pública del Caribe colombiano? Inaceptable”, remató Pedraza.
Aseguró que acuerdo con la información entregada por esa institución, “la universidad no cuenta con registros de notas, de asistencias, de calificaciones, de ninguno de estos dos programas —ni del tecnólogo, ni de Contaduría Pública”, afirmó Pedraza.
¿Cómo fue que obtuvo entonces Juliana Guerrero sus dos títulos de tecnóloga y de contaduría pública? ¿Habrá habido alguna transacción de por medio, quizás una transferencia por Nequi?, cuestionó la representante.
Según explicó, esta información que presentó la institución fue obtenida a punta de tutela, “porque la Fundación Universitaria San José llevaba desde agosto escondiéndonos esta información tan sencilla”, dijo.
La representante a la Cámara, agregó que la revelación llega en un momento clave, pues “Juliana tuvo el descaro de denunciarme ante la Corte Suprema de Justicia; este viernes tendremos audiencia y tendremos que vernos cara a cara. Creo que Juliana Guerrero vino por lana y salió trasquilada”.
Finalmente, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro: “Le pido al presidente que desista de este nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las juventudes, pues en este país hay miles de jóvenes con título y sin trabajo”.
Por otro lado, fuentes del Gobierno le confirmaron a EL COLOMBIANO que Guerrero estaría en una pelea legal con la universidad, insistiendo en que sí tiene los registros. Sin embargo, no se encontraron aquellos registros en la base oficial del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies); en aquella plataforma ni siquiera aparecía matriculada en la carrera.
Otra inconsistencia es la ausencia de los resultados de las Pruebas Saber Pro de Guerrero. Ella misma admitió que las presentará el 8 de noviembre. Aquello ya constituiría una irregularidad, porque esa evaluación es requisito nacional para obtener un título.
¿Cuáles serían los líos jurídicos?
En este caso, sería la Fiscalía que deberá determinar Juliana Guerrero hizo o no uso de los diplomas anulados para acceder a cargos o contratos públicos. Si ello se comprueba, podría ser imputada por el delito de fraude procesal, que contempla penas de entre seis y 12 años de prisión. Además, podría quedar solo con el título de bachiller y complicarse su entrada al cargo del viceministerio.
En el caso de la anulación del título por parte de la Fundación Universitaria San José, la jurisprudencia establece según la Sentencia T-020 de 2010, que las universidades “pueden llevar a cabo una nueva revisión de los requisitos mencionados inclusive con posterioridad al otorgamiento del título cuando se tengan indicios de error o falsedad en su acreditación”.
Esto, debido a que la importancia de los mismos, sobre todo en el caso de las profesiones que requieren título de idoneidad, “hace que la expedición irregular no genere un derecho adquirido a favor del estudiante, razón por la cual en este tipo de casos se puede llegar a revocar el título otorgado”, determina la sentencia.
No obstante, en esa decisión también se establece que no se habilita para que “el ente universitario adelante el procedimiento en secreto o no, se le dé oportunidad a los afectados de defenderse en este proceso”. Es por ello, que ahora Juliana Guerrero podría responder jurídicamente a esta decisión de la Fundación Universitaria.
El fortín burocrático y político de la Universidad del César
EL COLOMBIANO en una investigación que se publicó el 2 de agosto, encontró los detalles de la puja por la UPC, un fortín político y burocrático considerado como una “pequeña gobernación”, pues es la entidad más grande en cuanto a presupuesto –aproximadamente $170.000 millones anuales– y planta de personal, después de la Alcaldía de Valledupar y de la Gobernación del Cesar; la UPC, además, está en capacidad de contratar proyectos de infraestructura de miles de millones de pesos.
El 4 de agosto, se publicó que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidió la intervención del Ministerio de Educación tras detectar posibles malos manejos en la institución.
Y es que la trama por el control de esa universidad incluye parrandas vallenatas entre familiares y amigos íntimos que estarían tomando decisiones sin declarar conflicto de intereses, “fuego amigo” entre aliados del alto Gobierno y congresistas de sectores tradicionales rondando. Además, tuvo como protagonista a Alfredo Saade, el polémico jefe de despacho presidencial que defendió públicamente la reelección de Petro.
A partir de ese momento, la pugna por el control del Consejo Superior se ha intensificado y ha expuesto divisiones dentro del Gobierno.
Y es que fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que la disputa por el control de la universidad escaló hasta involucrar a ministros y asesores presidenciales, algo que, en teoría, no debería de pasar por la propia idea del presidente Gustavo Petro, quien no está de acuerdo con la reelección de rectores en las universidades. Esto empieza por el lado de la delegada presidencial Juliana Guerrero, quien se opone a la reelección del rector Rober Romero.
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