A diferencia de lo que ocurrió en abril de 2024, cuando naufragó la versión 1.0 de la reforma a la salud también en el tercero de sus cuatro debates, esta vez no había un sofisticado ni organizado plan para darle los santos óleos al proyecto. “Nadie sabía los votos”, reconoció bajo la condición del anonimato una congresista.
Al final, coinciden cuatro de los senadores de la Comisión Séptima que ayer votaron a favor del archivo de la reforma, lo que hubo fue un consenso generalizado alrededor de dos factores que sellaron la suerte del proyecto. Por un lado, el estrepitoso hundimiento de la reforma tributaria la semana pasada, con todo y que el Gobierno de Gustavo Petro negó que de ello dependiera la financiación de la iniciativa.
Por el otro, el demoledor concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) –un ente independiente encargado de medirle el aceite a la sostenibilidad de las finanzas públicas–, que concluyó a principios de mes que no solo el actual sistema ya está en déficit, sino que la reforma implicaría un incremento del costo fiscal de hasta 2,3 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) entre 2025 y 2036.
Esas dos razones llevaron a la mayoría de congresistas a terminar de convencerse de la inconveniencia del proyecto para los bolsillos de los colombianos. Por ello, ayer –en el último día de sesiones ordinarias legislativas, durante una accidentada sesión que no estuvo exenta de problemas técnicos–, ocho de los 14 senadores votaron a favor de archivar la iniciativa.
De nada sirvieron los cinco votos de la bancada petrista, ni la ausencia de un voto que parecía fijo: el de la senadora Esperanza Andrade (Partido Conservador), que decidió retirarse del recinto justo cuando arrancó la votación. A su salida de la Comisión –afanada y agitada–, sostuvo que debía atender “un tema de condecoraciones” del Congreso. Eso sí, ratificó que, coherente a su postura, no estaba a favor del archivo, sino de una ponencia alternativa.
“El Gobierno Nacional no pudo sustentarle a la Comisión las fuentes de financiación. Cerca de $126 billones desfinanciados en la senda de los próximos 10 años y 7 puntos del PIB. Esto genera traumatismos”, reclamó la senadora Norma Hurtado, de La U.
Aunque había dudas por el sentido de su voto, teniendo en cuenta que era otra de las defensoras acérrimas de la ponencia alternativa, finalmente Hurtado –de la corriente de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro– terminó haciendo parte del bloque en contra de la reforma.
Lea también: MinSalud insiste, con falsedades, que recursos para sistema de salud son suficientes
Allí se cuentan también los otros senadores que hace año y medio hundieron el proyecto: Nadia Blel (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Ana Paola Agudelo (MIRA), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente), Honorio Henríquez y Josue Alirio Barrera (Centro Democrático).
Justamente, uno de los votos que permanecía en vilo era el de la paisa Berenice Bedoya, teniendo en cuenta que resultó salpicada en una supuesta red de puestos y contratos en el Fondo de Adaptación. En particular, tras el nombramiento de su yerno, Johan Steven Londoño, como subgerente de proyectos de la entidad, encargada de atender la recuperación y reactivación económica de zonas afectadas por el fenómeno de La Niña que vivió el país entre 2010 y 2011.
Ese Fondo adquirió aún mayor protagonismo tras la rencilla que estalló la semana pasada entre la directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), Angie Rodríguez, y Carlos Carrillo, director de la UNGRD (Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres), por cuotas y politiquería en la entidad.
Lo cierto es que al defender el sentido de su voto, Bedoya dijo no tener miedo: “Lo que hoy se propone no es una reforma responsable. Es una imposición sin sustento financiero, sin rigor técnico (...) Defender el cambio no significa aplaudir (...) no vine al Congreso a defender caprichos del poder. No me da miedo lo que puedan decir los de derecha o izquierda”, señaló.
“Es una vulgaridad”
Como era de esperarse, desde el Gobierno hubo una feroz reacción a la decisión. Si bien el presidente Gustavo Petro no se había pronunciado al cierre de esta edición, quien sí alegó con fuerza fue el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El encargado de las relaciones políticas se ausentó ayer del debate, pese a que sí fueron los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y Germán Ávila (Hacienda). Benedetti acusó a la Comisión de actuar “de forma baja, cochina y rastrera”.
“Ahora resulta que se ocultan, esconden, como seis o siete meses la reforma a la salud para luego –el último día, como bandidos, como ladrones a la medianoche–, archivar la reforma la salud. Es una vulgaridad lo que hacen, nunca hubo debate, nunca hubo absolutamente nada de discernimiento en esta ley”, señaló.
Entérese: Crisis de salud: en 2025 han muerto 2.033 personas con enfermedades raras, advierte Fecoer
El argumento del ministro es que, pese a haber sido radicada en abril pasado, la reforma permaneció engavetada durante meses y no hubo discusión. Por su parte, los congresistas defendieron que primero debían surtir audiencias públicas para escuchar a pacientes, personal de la salud, expertos y demás actores del sistema. Dichas audiencias arrancaron justo en abril, un mes después de que el Congreso retomó sesiones.
No obstante, el batacazo llegó en octubre, cuando por mayoría se aprobó una proposición en la Comisión que ató la viabilidad financiera de la reforma al futuro de la denominada ‘Ley de Financiamiento’ o reforma tributaria, teniendo en cuenta que allí estarían contemplados recursos adicionales y rubros específicos para financiar el proceso de transición, operación y fortalecimiento del nuevo modelo de salud.
De nada sirvió el mensaje de urgencia e insistencia de Benedetti. El proyecto quedó en veremos hasta la semana pasada, cuando se confirmó el hundimiento de la reforma tributaria y se reanudó su debate en la Comisión. Lo que vino después fue un rosario de reclamos de lado y lado.
Fue tal la pelotera que el ministro de Salud resolvió abandonar el recinto y alegó que “no hay interés en discutir la reforma”. El funcionario insistió en que el hundimiento de la tributaria no afectaba la financiación de la reforma y destacó que habría ingresos fijo como el denominado impuesto saludable.
La senadora Nadia Blel respondió ayer a lo dicho por Benedetti y defendió que durante ocho sesiones han discutido el proyecto. “Pero no solo eso, han sido tres años. Este proyecto no es nuevo. Es la misma reforma que ya se archivó. Quienes han sido mentirosos, pero sobre todo han utilizado esta reforma para sacar réditos políticos, han sido los miembros del Gobierno. Es infame”.
Apelación, ¿as bajo la manga?
Tal como ocurrió con la desahuciada y luego aprobada reforma laboral –que inicialmente también hundió la Comisión Séptima–, el plan de los sectores petristas es revivir el proyecto a través de una apelación.
Se trata de una alternativa para que el archivo sea evaluado por un grupo evaluador de congresistas en la plenaria del Senado que, de hallar irregularidades u omisiones, sometería a votación la decisión. En caso de revivir, la discusión del proyecto pasaría a una comisión diferente a la Séptima.
“La apelación fue inmediata una vez se votó el archivo”, dijo su autor, el senador Fabián Díaz, quien reconoció que “los tiempos están apretados”, dado que ayer concluyeron sesiones ordinarias y hasta febrero próximo –en plena temporada electoral– el Congreso volverá a sesiones. “La apelación de la reforma laboral estuvo más apretada”, dijo. La fecha límite para discutir el proyecto será el 20 de junio.
Sin embargo, desde ya el presidente de la Comisión, el liberal Miguel Ángel Pinto, alegó que la apelación no tiene sentido. “La apelación de la reforma laboral pasó por un miedo y un susto que tuvieron muchos senadores porque el Gobierno había amenazado con una consulta popular”.
Aunque la suerte de la reforma parece estar echada, sin duda la apelación será el gran caballito de batalla del Gobierno en 2026. De hecho, en su momento el ministro Benedetti no descartó –en entrevista con EL COLOMBIANO–, convocar a otra consulta popular como método de presión. ¿Le resultará la jugada al petrismo en época electoral? ¿Habrá chances para el proyecto justo cuando los congresistas están pensando en su reelección?
Le puede interesar: Minsalud niega crisis del sistema para no aceptar solicitud de incremento de la UPC
Regístrate al newsletter