Tras la firma del memorando de entendimiento que establece la creación de una zona económica binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela, varios sectores de la oposición han cuestionado las implicaciones de este documento.
Desde el Senado, el congresista conservador Nicolás Echeverry anunció que interpuso una citación a tres ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro para que den cuentas a la Comisión Segunda del Senado sobre el alcance del texto firmado en Caracas por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y la ministra colombiana de Comercio, Diana Morales.
Por lo tanto, la canciller encargada, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y la ministra Morales, deberán explicar los artículos del memorando que tendrá vigencia hasta 2030.
El senador cuestionó la decisión de entablar un compromiso de esta naturaleza con el gobierno de Nicolás Maduro en una zona conocida por ser usada por grupos armados ilegales para el narcotráfico.
Echeverry pidió que se explique “primero, ¿cuál es su marco legal? segundo, ¿cuál es su cronograma? Tercero, ¿cuál es su presupuesto? Además de que creemos que firmar un tratado binacional con un gobierno ilegítimamente elegido, como el mundo lo señala, que además ha sido un escondite del ELN y de grupos al margen de la ley, que está señalado de narcotráfico”.
En su petición, el senador también enfatizó que la comisión parlamentaria espera respuestas sobre los impactos concretos que la implementación de esta zona binacional tendría para el país. “Por eso nos llama la atención y queremos conocer cuáles son los riesgos que en Colombia se corren, cuál es la situación social, cultural, política y económica del territorio y cuáles son el grado de responsabilidad”, indicó.
De acuerdo con el memorando, se comprenderá inicialmente los estados Táchira y Zulia (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia) y abarcará sectores como educación, salud, turismo, comercio, cultura y otros que se definan conjuntamente.
Además, cada país asumirá sus propios costos. “Cada una de las partes asumirá sus propios costos derivados de la cooperación o las actividades realizadas en virtud delpresente Memorándum”.
El pasado jueves también se conoció que los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón interpusieron una demanda ante el Consejo de Estado para que se anule el memorando.
La acción fue presentada debido a que, según los demandantes, este acuerdo no cumple con los requisitos legales internacionales para su implementación.
En su opinión, un acuerdo de tal magnitud requiere la suscripción de un tratado internacional aprobado por el Congreso de la República. En el escrito presentado al Consejo de Estado, los abogados detallan que este memorando fue suscrito por la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, quien carece de competencias para firmar un acuerdo internacional de este tipo.
El recurso legal presentado por los abogados señala que el memorando de entendimiento carece de validez jurídica, ya que no tiene el alcance necesario para la creación de una zona económica binacional.
“El hecho de haberse suscrito un memorando de entendimiento sin el respaldo legal necesario para crear una zona económica binacional es un acto que vulnera nuestra soberanía”, afirman los demandantes en su escrito, solicitando la suspensión provisional de los efectos del acuerdo mediante una medida cautelar.
Antes de presentar la demanda, Abelardo de la Espriella ya había manifestado su rechazo a la creación de la zona binacional, calificando la medida como una amenaza a la soberanía colombiana.
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“La entrega de la soberanía de Colombia es otro de los frentes en los que avanza Petro y su régimen para atornillarse al poder”, declaró De la Espriella.
El Gobierno por su parte indicó que la Zona Económica Especial Binacional (ZEEB), que se llamará ‘Zona de Paz, Unión y Desarrollo’ “se enmarca dentro de las normas legales de cada uno de los países y salvaguarda la soberanía de Colombia”.
El memorando de entendimiento también “deja en claro el respeto por las normas y leyes de cada uno de los dos países. Y no tiene efectos vinculantes”, de acuerdo con el Gobierno.
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