El presidente presentó una tutela para intentar frenar la decisión del Consejo de Estado que avaló la competencia del CNE para investigarlo administrativamente. El magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del presidente y ternado por él mismo, fue clave.
En la Sala Plena de la Corte Constitucional aterrizó una tutela presentada por el presidente Gustavo Petro con la que una vez más intentará echar al traste el concepto del Consejo de Estado que ratificó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para investigarlo a él y su campaña –eso sí, desde el plano administrativo– por presunta violación de topes de financiación.
El caso se remonta a agosto pasado, cuando la Sala de Consulta del Consejo de Estado concluyó que el CNE podía “continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos” de la campaña del Pacto Histórico en 2022.
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Sin embargo, el tribunal precisó en ese entonces que, si bien el CNE puede sancionar a la campaña y al primer mandatario –imponiendo una multa u obligándolo a devolver recursos–, ratificó que solo el Congreso es el competente “para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente”.
Con todo, según reclamó Petro en la acción de tutela, la decisión del Consejo de Estado vulneró sus “derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”.
El recurso, conocido por el diario El Espectador, llegó directamente al despacho del magistrado Vladimir Fernández. No es un asunto menor. Se trata de un jurista que se desempeñó como secretario jurídico de la Casa de Nariño en el Gobierno Petro y quien fue ternado por el propio mandatario para llegar al alto tribunal.
De acuerdo con el jefe de Estado, al darle vía libre al CNE para investigarlo a él, el Consejo de Estado desató “un caos jurídico que connota el inminente riesgo de afectar la estabilidad institucional del país; y cuya decisión fue adoptada de manera arbitraria y con abuso de la competencia otorgada a la Sala de Consulta ya referida”.
Si bien el primer mandatario ha arreciado en la tesis de que detrás habría un supuesto golpe de Estado y que la decisión es inconstitucional, lo cierto es que la máxima sanción, en el peor de los escenarios, le significaría al jefe de Estado una multa de hasta el 10 % de los recursos que el Estado desembolsó a la campaña o la devolución total o parcial de los dineros.
Según expertos, la tesis del supuesto golpe se desvirtúa en la medida en que el CNE solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos. Como lo ratificó en fallos recientes el Consejo de Estado, la potestad de sancionar penal o disciplinariamente al presidente sigue en manos del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones.
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De hecho, juristas del calibre de Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional–, han señalado que la tesis del presidente Gustavo Petro no solo “carece de sustento”, sino que es peligrosa y “desdice de su investidura” presidencial.
“El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Y aunque admite alguna controversia, estoy de acuerdo con la Sala de Consulta del Consejo de Estado (SCCE) en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas, como multas, si verifica la violación de estos topes”, explicó recientemente en una columna en El Espectador Uprinmy.
De acuerdo con el jurista, la posible verificación de la violación de los topes no implica de ninguna manera la salida del cargo del jefe de Estado, “ya que su eventual destitución solo puede ser decretada por el Congreso. La SCCE defendió entonces la esencia del fuero presidencial”.
“Si el CNE concluye que fueron violados los topes electorales (lo cual es poco probable pues requiere el voto favorable de seis de sus nueve integrantes), entonces podrá imponerle sanciones pecuniarias a Petro, pero no podrá tocar su período presidencial. En eso hay consenso entre las cortes y los expertos. Lo único que podría hacer el CNE es presentar la denuncia a la Comisión de Acusaciones, pues corresponde exclusivamente al Congreso evaluar la posible culpabilidad de Petro”, agregó.
Incluso, se presume que la definición de cualquier consecuencia sobre la campaña podría verse incluso después de que Petro abandone el cargo en agosto de 2026. Así lo han explicado varios juristas y exmagistrados del CNE que conocen bien los tiempos y la forma en la que operan las investigaciones.
“Con los tiempos y las herramientas que tiene la defensa del presidente, es muy probable que el país conozca la verdad sobre la campaña luego del 2026 cuando el presidente termine su mandato, si así lo quiere Gustavo Petro”, afirmó, por su parte, el abogado Hollman Ibáñez, experto en derecho electoral.
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