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América Latina acumula un patrón histórico de populismo como modelo económico que debería alarmar por sus resultados ruinosos. Venezuela con Chávez desmontó las instituciones hasta dejar un país con una contracción económica superior al 75%. Perú sufrió bajo Alan García una hiperinflación superior al 7.000% entre 1988 y 1990. Argentina, con Cristina Kirchner, padeció los efectos del control cambiario e inflación desbordada, dejando una economía en estanflación.
Colombia no está inmune. El gobierno de Petro ha hecho del calendario electoral su brújula de gobernanza, sacrificando el interés nacional en el altar de la sucesión política. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), presidido por Juan Carlos Ramírez, advierte que sin un ajuste del 4,0% del PIB la deuda será insostenible y el país enfrentaría cesación de pagos. Las expectativas de inflación han repuntado y se acercan al 7,0%. Marcela Meléndez, de Fedesarrollo, fue contundente en Asofondos: sin crecimiento económico, reducir la pobreza es imposible. Agredir la independencia del Banco de la República, amenazándolo con un nuevo incremento del salario mínimo, no es política social, es combustible sobre un incendio fiscal.
La historia colombiana no es ajena a estas advertencias. La inflación de 1977, que alcanzó el 41,7%, convirtió el “mandato claro” de López Michelsen en el “mandato caro” y desembocó en un paro cívico con muertos y detenidos. El gasto desbordado de Samper sin respaldo tributario suficiente llevó en 1998 a uno de los déficits fiscales más altos de la región y profundizó la crisis de 1999. Y ningún gobierno ha sido inmune a las discusiones en el Congreso: Duque retiró su reforma tributaria; Santos no logró la reforma a la justicia; Uribe tampoco su reforma política. Hoy las señales de deterioro son múltiples y simultáneas, y el gobierno las descarta como conspiración.
Algunos indicadores de corto plazo son favorables: el desempleo bajó y hay avances en pobreza multidimensional. Pero estas luces no ocultan las sombras estructurales. Las carpas convertidas en hospital de segundo nivel en el Cauca no son “cambio”; son la radiografía de un Estado que gasta en promesas electorales lo que debería invertir en instituciones y programas duraderos. Las poblaciones más vulnerables lo saben: prefieren el empleo temporal y subsidio inmediato sobre un futuro que este gobierno no les ha podido construir. Ese es el populismo cruel y sin escrúpulos: compra voluntades con recursos de generaciones futuras.
Como señala Hernando Gómez Buendía, Petro convirtió la izquierda en una opción real de poder, eso es un hecho histórico. Pero esa conquista democrática se traiciona cuando el gobierno viola la Constitución, instrumentaliza el Estado para fines electorales y desprecia las instituciones que le dieron la oportunidad de gobernar. La democracia no es un trampolín hacia el poder permanente; obliga a rendir cuentas y a entregar el mando. Venezuela, Nicaragua y Bolivia advierten lo que ocurre cuando la izquierda latinoamericana elige el poder por encima de la democracia. Nuestro país merece algo mejor. La oposición debe construir con urgencia alternativas incluyentes, que cierren brechas y derroten la pobreza.
