El funcionario Hernán Penagos aseguró que la consulta no podrá cruzarse con las elecciones atípicas programadas para 2025 ni con las elecciones presidenciales de 2026.
Con más de 40 elecciones atípicas programadas para 2025 (que incluyen alcaldías y consejos municipales y locales de juventud), la Consulta Popular promovida por el Gobierno de Gustavo Petro deberá encontrar un espacio que no pase por encima o muy cerca de aquellos comicios. Según el registrador nacional, esta medida busca garantizar que la democracia en Colombia sea un proceso claro y transparente.
Ahora que el Gobierno Nacional anuncia la creación de un canal digital por medio del cual la ciudadanía podrá participar en la formulación de las preguntas de la consulta, las recomendaciones de las instituciones que participan en el proceso requieren constante atención: tanto la Registraduría como la Contraloría y Procuraduría recalcaron la necesidad de ir con mesura.
Elegir la fecha para realizar la consulta no es tarea sencilla: ejecutar unas elecciones requiere de meses de preparación, y ya hay elecciones atípicas programadas para mayo y octubre. Lo que deja 4 meses para ubicar la nueva consulta electoral. Por el momento, dos ítems de gestión ya se realizaron: el levantamiento previo y el traslado presupuestal de los recursos.
“Aún queda pendiente tramitar unas vigencias futuras y, para ello, la Registraduría debe abrir una convocatoria pública, nacional e internacional, para que todos aquellos proveedores que tengan la experiencia calificada, cumplan las condiciones que exija la Registraduría: haber llevado a cabo procesos electorales y tener experiencia”, afirmó el registrador en medio del foro ‘Cambio Elecciones’.
El funcionario también aclaró que en Colombia existen empresas privadas que suministran los servicios logísticos de las elecciones, pero no la logística en sí (que incluye la impresión, el transporte y la difusión de todo lo relacionado con los comicios).
Según cálculos de la Registraduría, la Consulta Popular costaría aproximadamente 700.000 millones de pesos, por lo que Penagos insistió en que la jornada “tiene que ser impecable. Luego, aquellas empresas o proveedores que participen son aquellos que tienen capacidad y experiencia probada”.
Para el registrador, dejar espacio entre las fechas electorales no sólo supone apegarse a la ley y garantizar un proceso transparente, sino que también implica proteger el ejercicio democrático colombiano.
“La ley 1757 señala que no es posible que esa consulta se convoque con otro mecanismo o ejercicio electoral. Luego, prácticamente Colombia va a estar tres años en permanente proceso electoral. Es un tema bien importante porque aquí estamos hablando de recursos, proveedores, (...) de una serie de cosas muy importantes, pero no estamos hablando de una más importante aún: la democracia”, afirmó en el foro.
Además, hizo énfasis en la importancia de la presencia del Consejo Nacional Electoral durante las jornadas. “El CNE tiene que saber enfrentarse a un proceso donde la sensibilidad del debate es alta y las autoridades deben comportarse de tal manera que no haya posibilidad de irregularidad”, dijo.
En la tarde del 27 de marzo, el registrador nacional se reunió con miembros del Centro Carter para dialogar sobre las propuestas de observación electoral que se implementarán en las próximas jornadas.
Durante el evento, el contralor Carlos Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach también dieron su punto de vista sobre la propuesta, y aseguraron que rodearán a la Registraduría durante el próximo año electoral.
”El trabajo articulado entre las entidades es fundamental. Desde la Contraloría, acompañaremos a la Registraduría en su gestión, respaldando el sistema democrático y defendiendo la institucionalidad. Solo de esta manera podremos garantizar un proceso electoral transparente, actuando con plena independencia”, dijo el contralor.
Además, Rodríguez hizo énfasis en cuidar el presupuesto, asegurando que se deberán hacer recortes para que la consulta se lleve a cabo: Estoy seguro que está por encima de los 500.000 millones, entre 500.000 y 700.000. (...) Si le pone una carga de 700.000 millones, pues tendrán que salir de alguna parte”.
Por otro lado, Eljach hizo énfasis en la necesidad de proteger la legitimidad del pueblo y el legislativo. “El contenido de ese pronunciamiento de la democracia colombiana, de la soberanía popular representada allí en la plenaria del Senado de la República, tiene un peso muy grande que no se puede soslayar y que deberá ser atendido”.
